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Cuando se le pregunta si alguien ha intentado usar bitcoin para pagarle, una mujer que vende café y pasteles en San Salvador, la capital de El Salvador, responde “gracias a Dios, no”, y rechaza el intento de hacerlo. Un hombre que vende sopas de almuerzo descarta la idea con risas. A la hora de la cena, con la moral y la batería del teléfono bajas, a este columnista le sugieren visitar un bar llamado Leyendas donde el logotipo de Strike, una billetera digital de bitcoins, adorna las paredes.
Pero el intento de pagar con bitcoin encuentra confusión. Falta el dueño del bar, que controla la billetera. Unos cuantos mensajes de texto frenéticos más tarde envía la dirección de su billetera. Por fin, 26,618 Satoshis (la cien millonésima parte de un bitcoin), por valor de US$ 12.50, se intercambian por cervezas.
El 7 de setiembre, el bitcoin se convertirá en moneda de curso legal en El Salvador, junto con el dólar. El país centroamericano de 6.5 millones de habitantes es el primero en intentar tal hazaña. Una semana antes del gran día, aquellos que habían puesto en marcha planes para usar bitcoin eran la excepción, más que la norma.
Tres cuartas partes de los salvadoreños encuestados en julio por Disruptiva, una firma de encuestas, se mostraron escépticos sobre el plan para adoptar bitcoin. Dos tercios no estaban dispuestos a que les pagaran y poco menos de la mitad no sabían nada al respecto. Tanto el Banco Mundial como el FMI han advertido contra la adopción, citando el impacto potencial en la estabilidad macroeconómica y los costos ambientales de bitcoin.
La moneda de curso legal se define normalmente como el dinero que los tribunales de justicia deben aceptar para liquidar deudas. Pero la ley de bitcoin de El Salvador va más allá y dice que las empresas deben aceptar la criptomoneda como pago por bienes o servicios. También ha entrado en vigor muy rápidamente. Nayib Bukele, el presidente del país, que controla una gran mayoría en la asamblea legislativa, anunció su plan para convertir Bitcoin en moneda de curso legal en una conferencia de criptomonedas el 5 de junio. La ley fue aprobada solo tres días después.
Los escépticos han postulado que la medida es solo un truco: un regalo para Ibrajim y Yusef Bukele, los hermanos del presidente, que son criptoentusiastas. Pero el presidente afirma que la medida ayudará a El Salvador a ganar inversión extranjera y reducir el costo de las remesas. Puede que no esté del todo equivocado.
La táctica podría atraer a los inversores criptográficos con mucho dinero (aunque puede disuadir a los más convencionales). Y su experiencia puede proporcionar un estudio de caso sobre si uno de los beneficios de bitcoin que tanto se ha promocionado funciona para la gente común. Una diáspora de unos 2 millones de salvadoreños envía a casa remesas por valor del 20% del PBI cada año. Pero las transferencias bancarias y electrónicas transfronterizas son lentas y costosas. Las transferencias de bitcoin de billetera a billetera son rápidas y gratuitas.
El intento probablemente también revelará las limitaciones de bitcoin. Es comprensible que muchos lugareños teman su volatilidad, lo que lo hace inadecuado para los pagos y la deuda. Quienes lo aceptan, como Leyendas, no cotizan precios en él, sino que convierten en dólares en el punto de venta. Y puede haber tarifas inesperadas, que podrían obstaculizar su uso.
Se están instalando 200 cajeros automáticos de bitcoin en todo el país para permitir que los dólares en efectivo se conviertan en bitcoins en carteras digitales. El utilizado por The Economist cobró una tarifa del 5%. “No lo voy a usar”, dice Irma Gómez, quien dirige un restaurante cerca de uno de esos cajeros automáticos en Santa Tecla, un pueblo en las afueras de San Salvador. Pero ella también tiene curiosidad. “Que otra gente lo pruebe primero”.