
El Gobierno busca prohibir la modalidad de teletrabajo total, también denominada teletrabajo a tiempo completo, para la mayoría de empleados del Estado. Para ello el pasado 11 de noviembre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un proyecto de decreto que modifica el reglamento de la ley N° 31572, Ley del Teletrabajo.
Actualmente el reglamento de la Ley del Teletrabajo señala que en el sector público “no pueden ser objeto de teletrabajo bajo la modalidad de teletrabajo total, los puestos que realizan funciones directivas, así como el personal de confianza”.
El proyecto de decreto del MTPE amplía estas prohibiciones (resolución ministerial Nº 352-2026-TR). Así, establece que no pueden ser objeto de teletrabajo bajo la modalidad de teletrabajo total los siguientes:
a) Los puestos que realizan funciones directivas. Se considera también como funciones directivas aquellas de coordinación de grupos de servidores.
b) Empleados de confianza y servidores de confianza.
c) Los puestos de la Alta Dirección de las entidades públicas, incluyendo los programas y proyectos.
d) Los puestos que detentan funciones administrativas y las indispensables para el servicio público.
Asimismo, se prohíbe realizar el teletrabajo fuera del territorio nacional, salvo por temas de estudios en el extranjero.
Una vez oficializado el decreto, se dará un plazo de 60 días calendario para que los contratos de teletrabajo se adecuen a la nueva norma. Y además, se establece que Servir regulará el tiempo máximo de la modalidad de teletrabajo parcial, así como los servicios u órganos que pueden ser organizados en la modalidad de teletrabajo total, con el objeto de establecer servicios sistémicos de teletrabajo por su naturaleza, en casos análogos a la telemedicina o la teleeducación.
En la exposición de motivos del proyecto de decreto se indica que el problema público identificado radica en las limitaciones para garantizar la eficiencia, continuidad operativa y adecuada prestación de los servicios asociadas a la aplicación del teletrabajo total en puestos cuyas funciones de dirección, coordinación, confianza, gestión administrativa o prestación de servicios indispensables requieren condiciones específicas de supervisión, articulación institucional y disponibilidad funcional. Esta situación puede generar dificultades en la organización y conducción de los equipos de trabajo, la toma oportuna de decisiones, el seguimiento de las actividades institucionales y la atención de las necesidades.
“Asimismo, se identifican dificultades para asegurar criterios uniformes y predecibles en la determinación de los puestos teletrabajables y en la evaluación de las solicitudes de teletrabajo de servidores civiles, particularmente respecto de la compatibilidad de las funciones asignadas con el teletrabajo total y su prestación fuera del territorio nacional. Esta situación puede ocasionar decisiones administrativas heterogéneas, dificultades para el control y supervisión de las labores, así como riesgos para la continuidad y calidad de la prestación de servicios”, agrega el documento del MTPE.
Además, se fija un plazo de 15 días calendario para que el proyecto de decreto reciba comentarios, antes de su oficialización.
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha cuestionado el uso del teletrabajo en el Estado. “En más de un ministerio y organización pública las personas están abusando del teletrabajo, con el argumento de que tienen que cuidar a abuelos, padres o hijos. Y se han dado casos de que están viviendo en el extranjero”, señaló el ministro en octubre pasado, durante su presentación en la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado.
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Para Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz, la medida propuesta en la práctica prohíbe el teletrabajo a tiempo completo en el Estado. “Se propone prohibirlo en cargos administrativos, que es el gran universo de teletrabajadores estatales. Muy pocos podrían hacer teletrabajo, prácticamente estás eliminando el teletrabajo (a tiempo completo); estos pasarían a teletrabajo parcial, también llamado híbrido”, refirió.
Para Herrera no se justifica una restricción general como la propuesta. “Si han habido excesos, se puede fiscalizar, hacer auditorías, pero no por eso se debe eliminar el teletrabajo (a tiempo completo); me parece desproporcionado. Y la exposición de motivos no se acompaña con estadísticas que demuestren que el teletrabajo en el Estado ha sido ineficiente”, cuestionó.
“La Ley del Teletrabajo señala que el empleador puede decidir unilateralmente romper el contrato de teletrabajo para obligar a volver al trabajador presencial, siempre que haya razones poderosas que lo determinen. Por ejemplo, si no está rindiendo el teletrabajador; o si hay cambio de funciones en la institución, por ejemplo, para atender al público. Pero si el teletrabajador está rindiendo bien, ¿por qué negarle la continuidad del teletrabajo?”, se preguntó.
Por su parte la abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega, refirió que la restricción sobre todo apunta hacia los servidores que tienen funciones de dirección o coordinación.
“El teletrabajo parcial podrá ser una alternativa, siempre que las funciones y la necesidad del servicio lo permitan. Cuando se ejerce dirección y coordinación de un equipo, mínimamente debes vivir en la misma ciudad para acudir ante cualquier necesidad, lo veo bastante razonable”, sostuvo Rodríguez Vega, quien cuenta con experiencia en áreas de recursos humanos de entidades públicas y privadas.
Restricciones al teletrabajo desencadenarían demandas laborales
Ricardo Herrera advirtió que el proyecto de norma del MTPE sería ilegal, pues la Ley del Teletrabajo promueve esta modalidad para la población vulnerable. “No solo personas con discapacidad, sino funcionarios públicos que por razones de salud de un familiar, deben estar en el extranjero para seguir tratamientos fuera, o por que cuidan a parientes cercanos. Hay razones justificadas para que continúen en el teletrabajo y si este proyecto se concreta, el reglamento va a chocar con la ley”, subrayó.
“Lo que deberían hacer los que promueven esta iniciativa es presentar un proyecto de ley para modificar la ley, sino el reglamento va a devenir en ilegal y los teletrabajadores, que tendrían que ir al trabajo presencial, interpondrían acciones judiciales. Habrían mucha conflictividad y creo que los teletrabajadores terminarían ganando la defensa de su situación actual de teletrabajo”, anotó Herrera.
Sobre la adecuación de los contratos en 60 días. “Eso también es ilegal. Hay un principio laboral que se llama ‘principio de condición más beneficiosa’ que dice que un cambio normativo regiría para los nuevos convenios de teletrabajo, no para antiguos, pues eso implicaría una aplicación retroactiva de una norma, perjudicando a los trabajadores”, sostuvo Herrera.
Por otro lado, sobre la disposición para que Servir regule el tiempo máximo de la modalidad de teletrabajo parcial y los servicios u órganos que pueden ser organizados en la modalidad de teletrabajo total, ello buscaría ordenar estas modalidades en el Estado, indicó Gloria Rodríguez Vega.
“Es para que no haya discrecionalidad en cada entidad, pues en el Estado puedes encontrar trabajadores de entidades públicas similares, de regímenes laborales similares, pero con condiciones de trabajo distintas. Entonces Servir, en su condición de ente rector, debe establecer un estándar”, señaló Rodríguez Vega.

Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.

