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Durante su participación en el último Mensaje a la Nación, el primer ministro Vicente Zeballos afirmó que el Gobierno es consciente de que la actividad minera tiene un rol importante en la economía del país y que, por ello, desde el Gobierno, se le dedica una atención especial a su reactivación y a su desempeño. Zeballos recordó que hace más de un año el país salía de un duro conflicto social como fue el ocurrido en Arequipa, a raíz del proyecto minero Tía María.
En aquel entonces, julio del 2019, una de las promesas del presidente Martín Vizcarra a mediano plazo fue crear una nueva ley de minería que permita resolver los problemas sociales y ambientales del país, pero también atraer inversiones para este sector. Por ello, convocó a un comité de expertos para desarrollar las bases de lo que sería la presentación de un proyecto de nueva ley de minería.
Dicho comité -presidido por Roxana Barrantes e integrado por Isabel Calle, Jose Luis Escaffi, Carlos Herrera Descalzi, Ivan Lanegra, Diego Macera, Gonzalo Tamayo y Paulo Vilca- se tomó 120 días calendario para presentar un informe al premier Zeballos. Dicho informe fue presentado en febrero de este año. Sin embargo, con la declaratoria en emergencia, sus resultados pasaron a un segundo plano.
“Justamente cuando estábamos en pleno proceso de sensibilización de este informe final, ocurrió la suspensión de actividades en marzo. En los próximos días estamos retomando. Es un informe bastante sustantivo y alentador porque nos da una visión renovada del tratamiento que debe dársele a la actividad minera. Aquí tiene un rol protagónico que asumir nuestro Gobierno. Si hemos impulsado esta comisión, obviamente hacemos nuestras las recomendaciones que vamos a aplicarlas en las próximas semanas”, dijo el premier Zeballos en la última conferencia de prensa.
Pero, ¿qué recomendaciones contiene este informe? ¿cuáles son las bases que plantea la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible? Gestión.pe revisó el informe de 125 páginas y realizará un breve repaso de las 11 recomendaciones planteadas en dicho documento.
Los cinco ejes de análisis de la Comisión
A lo largo del informe, la Comisión desarrolla cinco ejes centrales que deben ser analizados para consolidar al sector minero de manera competitiva y sostenible en el país.
Un primer eje es el entorno social, vinculado a la ciudadanía, la diversidad y el territorio. En ese sentido la Comisión señala que si bien hay varias causas que explican la conflictividad social en los proyectos mineros, “tal vez la principal sea la ausencia de políticas territoriales explícitas, que permitan garantizar servicios públicos básicos, cerrar brechas y la posibilidad de generar oportunidades económicas”.
El segundo eje de evaluación está orientado a la Gestión Ambiental. Según se explica, actualmente en el Estado hay falta de claridad sobre los roles de las entidades públicas; poca articulación entre las distintas autoridades del Gobierno Nacional, falta de recursos y capacidades de las autoridades a cargo de la evaluación y fiscalización ambiental, así como un deficiente desarrollo normativo en aspectos claves de contratación pública, cierre deminas, pasivos ambientales, entre otros.
La mejora regulatoria es el tercer eje de análisis, en los que se identifica a la fase de exploración minera como la fase más crítica en cuanto a burocracia.
"La problemática se origina por un deficiente arreglo institucional; por falta de capacidades institucionales; por la existencia de un control previo en lugar de un control posterior; por la aplicación no razonable de la responsabilidad administrativa; la falta de procedimientos integrados; y porque durante mucho tiempo el proceso de creación de procedimientos administrativos no incorporó un análisis riguroso sobre su necesidad y su calidad regulatoria", indica el informe.
Un cuarto eje de análisis trabaja el Aporte Fiscal y el Uso de los Recursos Mineros. La Comisión reconoce la importancia de los recursos fiscales generados por la minería. Sin embargo, se reconoce que, a pesar de que la carga tributaria es competitiva, existe percepción de que la actividad minera no contribuye de manera suficiente al fisco.
"Esta percepción ha sido alimentada por la poca eficiencia con la que se ejecutan los recursos, así como por los graves procesos de corrupción que se han visibilizado en diferentes gobiernos subnacionales del país", indican.
Finalmente, el quinto eje de análisis se dedica a plantear soluciones para la Minería Informal e Ilegal. La Comisión señala que el proceso de formalización carece de programas que incentiven su cumplimiento. Además, la minería ilegal continúa en firme expansión a pesar de las medidas de interdicción.
"Esto se debe a la falta de estudios sobre el universo de mineros informales e ilegales (la Comisión ha identificado que alrededor de 50 mil personas se encuentran vinculadas a la actividad); la existencia de una visión homogenizadora de la minería informal que no toma en cuenta la gran diversidad de situaciones en las que se desarrolla la actividad; dificultades de los gobiernos regionales para ejercer sus competencias; pobre articulación entre entidades públicas; y debilidad del rol rector del Estado", mencionan.
Las 11 recomendaciones finales de la Comisión
Ante la identificación de la realidad del sector minero y su problemática en todos sus aspectos, la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible planteó 11 recomendaciones, las cuales el premier Zeballos ha dicho que hace suyas. Realizaremos un breve repaso de las mismas para comprender cuáles podrían ser las novedades regulatorias para el sector.
En primer lugar, la Comisión plantea que debe formularse una política de Estado que permita lograr el desarrollo sostenible del sector minero. A través de esto, debe el Estado ser capaz de asegurar el desarrollo de la actividad minera en armonía con los derechos fundamentales de las personas.
En ese sentido, se destaca el funcionamiento del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas RIMAY, a cargo del Minem. Sin embargo, esta política de Estado debe contener algunos otros aspectos que se abordan en las siguientes recomendaciones.
Por ejemplo, una visión territorial de desarrollo, que busque satisfacer las necesidades de cada región y permita asegurar el cierre de brechas sociales de todas las regiones y no solo de las que cuentan con potencial minero. Por ello, la Comisión recomienda realizar un proyecto piloto que promueva el desarrollo sostenible en una zona particular, "alentando la diversificación productiva, sin exclusión de ninguna actividad económica per se, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático y mejorando la gobernanza del uso del territorio"
"Este proyecto piloto sería liderado por el Gobierno Central en estrecha coordinación con el respectivo gobierno regional, y contaría con la participación activa y comprometida de las demás entidades del Estado, las empresas y sociedad civil", señala la segunda recomendación.
Ante las problemáticas de sobrerregulación, la Comisión señala que el Estado debe enfocarse en promover las actividades de exploración minera para promover el desarrollo del sector, pues permiten asegurar contribución futura a los recursos fiscales, empleo y actividades conexas.
En ese sentido, la Comisión recomienda implementar un nuevo modelo regulatorio para recuperar dinamismo en esta actividad, mejorar la coordinación entre entidades responsables, así como el diseño de procedimientos e instrumentos sencillos y predecibles que se adapten a esta fase.
En cuanto a la evaluación ambiental, el informe aconseja diseñar e implementar un nuevo modelo de evaluación ambiental temprana y colaborativa "que permita a la autoridad ambiental y a los opinantes técnicos acompañar al titular del proyecto de inversión durante la elaboración del EIA y no solo en la elaboración de la línea de base".
"De esta manera, las autoridades estarían informadas y podrían emitir opiniones sobre los aspectos claves del estudio conforme estos se vayan definiendo. (...) Se sugiere implementar un proyecto piloto aplicable a los EIA-d y a solicitud de las empresas interesadas", se lee en el informe.
La quinta recomendación se enfoca en las medidas para la protección y restauración del ambiente. En ese sentido, se le plantea a OEFA implementar un nuevo enfoque de fiscalización ambiental que priorice esfuerzos sobre la base de la evaluación del desempeño de las empreas mineras.
"La fiscalización realizada a las empresas debe ser complementada con la evaluación de las áreas aledañas a los proyectos mineros, haciendo énfasis en el desempeño de los ecosistemas", señalaron.
Con el objetivo de que las entidades del Estado que tienen competencia en el sector minero puedan colaborar entre sí, la Comisión aconseja una profunda reforma de la gestión pública, fortaleciendo el rol rector de las entidades y mejorando el sistema de acreditación y evaluación continua de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, en donde están las mayores falencias.
En cuanto a la minería informal, la Comisión señala que, a pesar de las medidas implementadas, no se han logrado avances en la materia y, peor aún, estas medidas se han ido desvirtuando con el paso del tiempo. Por ello consideran necesaria implementar una Política Nacional de Formalización Minera que alinee el trabajo y establezca metas claras de corto, mediano y largo plazo
"Se debe otorgar incentivos y garantías necesarias para lograr el ingreso y permanencia de los mineros informales en la formalidad", indicaron.
Sin embargo, la Minería ilegal si es considerada una actividad perniciosa para el país por lo que se recomiendan mayores acciones para erradicar la actividad y mayores controles para la comercialización del oro y sus insumos. También se recomienda el fortalecimiento del trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú.
La novena recomendación está referida a la transparencia para la buena gobernanza. En ese sentido, se recomienda fortalecer la implementación de la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI), una iniciativa de estándares mundiales.
En lo que a pueblos indígenas se refiere, la recomendación se enfoca en el diseño de mecanismos de participación ciudadana efectivos y significativos en los que los ciudadanos se involucren desde el uso de los territorios hasta a lo largo del desarrollo del proyecto minero. También se plantea crear un Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales que permita articular la acción del Estado frente a los mismos.
Finalmente, la última recomendación está enfocada en la mejora regulatoria continua, ya que se plantea como objetivo que los costos y estándares de la regulación minera en el Perú se asemejen a los de los países competitivos en el sector. Por ello, se erecomienda una revisión periódica y constantes análisis de calidad regulatoria de las normas para mejorar la experiencia de los ciudadanos y las empresas.
Con este amplio panorama, el premier Zeballos aseguró que en las próximas semanas se empezarán a aplicar dichas recomendaciones en el país. ¿empezarán a verse cambios para el sector?
