Así como la agitación política y el malestar social fueron los temas candentes en el principal evento minero de Perú el año pasado, este año fue la burocracia.
Si bien la oposición de la comunidad continúa pesando sobre la industria, los ejecutivos que asistieron esta semana a Perumin parecieron estar más centrados en el papel que tienen los engorrosos permisos en el retraso de una cartera de proyectos estimada en US$ 57,000 millones.
Tanto los presentadores como los asistentes al evento realizado en Arequipa expresaron sus frustraciones con la burocracia, cuyos procesos demoran años y requieren el involucramiento de múltiples agencias estatales.
Es por eso que el compromiso adquirido por el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, de seguir adelante con los esfuerzos de dinamización fue muy aplaudido. Otárola anunció planes para establecer una ventanilla única digital para ayudar a las empresas a navegar por el sistema, además de ayudar a liberar US$ 11,000 millones en proyectos clave en espera de permisos.
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Hay mucho en juego, incluido el estatus de Perú como el segundo mayor productor de cobre del mundo y las inversiones que ayudarían a reactivar el crecimiento económico. Al igual que el apoyo de las comunidades locales, reducir la burocracia se considera clave para revertir una caída en la inversión minera, la que el banco central estima en 18% este año y en 8% en 2024.
“Seguramente, no hay un lugar que sea fácil, fácil, pero creo que acá nos hemos complicado en exceso”, afirmó Roque Benavides, presidente de Buenaventura, el principal productor de metales preciosos que cotiza en bolsa en Perú. “Pero la buena noticia es que estamos escuchando voces que quieren simplificar eso”.
Benavides tiene mucha experiencia lidiando con la burocracia. Su empresa trabaja en el yacimiento de oro y plata San Gabriel desde la década de 1990. Está previsto que el proyecto de US$ 500 millones entre en producción a finales de 2024 o principios de 2025. Pero con permisos más eficientes, podría haber estado en funcionamiento hace una década, dijo.
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Otro ejemplo surgió esta semana en la conferencia: Hochschild Mining Plc dijo que tendrá que detener una mina en Perú el cuarto trimestre debido a permisos pendientes.
Ejecutivos de Southern Copper Corp. y Antamina ―copropiedad de BHP Group, Glencore Plc y Teck Resources Ltd.― también expresaron su frustración. Un estudio financiado por la industria publicado esta semana mostró que Perú había perdido US$ 32,000 millones en ingresos fiscales debido al conflicto social y proyectos retrasados.
Sin duda, la industria está disminuyendo su entusiasmo hasta que los planes del Gobierno se hagan realidad. Como dijo el director financiero de Southern Copper, Raúl Jacob: “Estamos viendo un mejor entorno, pero necesitamos ver resultados”.
Aun así, las señales son positivas.
“Yo no voté por este Gobierno”, dijo Benavides en una entrevista en Perumin. “Pero tengo que reconocer que los mensajes van en el camino correcto”.
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