Tras la decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reducir y eliminar el Mecanismo de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (conocido como drawback) a las exportaciones no tradicionales (DS 189-2024-EF), los gremios empresariales se pronunciaron e indicaron que, la medida “constituye un grave atentado contra las exportaciones que traen divisas, crean valor agregado, y generan más de cuatro millones de empleos directos e indirectos en todo el Perú”.
En un comunicado conjunto entre Asociación de Exportadores (Adex), Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Canatur, ComexPerú, Confiep, PerúCamaras, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y la Plataforma Nacional de Gremios (MiPymes) que con esta medida “los exportadores no tradicionales puedan enfrentar el incremento de los costos internos y la falta de competitividad del país”.
Cabe indicar que el MEF ya había presentado una propuesta borrador ante la Presidencia del Consejo de Ministros para su debate en dicho consejo. En esa oportunidad los exportadores mencionaron los riesgo de la medida y su impacto en el sector.
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En esa oportunidad se indicó que la medida se aplicaría en enero del 2025; sin embargo la norma emitida se adelantó para que se inicie la próxima semana, es decir desde el 25 de octubre de este año.
Según el propio proyecto de norma, conocido a inicios de septiembre el estimado de ahorro fiscal sería de S/ 770 millones en el 2025 y de S/ 1,000 millones para el 2026. Esta novedad se conoce luego que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó el viernes pasado, que el déficit fiscal suma S/29,241 millones al finalizar los nueve primeros meses del año. Una cifra que supera los S/ 6, 176 millones que se reportó en el mismo periodo del año pasado.
Golpe sectorial
Los gremios empresariales indica que, “la reducción y posterior eliminación del drawback, de forma inmediata, se hace en circunstancias en que el sector de pesca de consumo humano directo y la acuicultura afrontan una gravísima crisis, poniendo en riesgo decenas de miles de empleos regionales”.
De esa misma manera, añaden que, en estos meses “se está iniciando la cosecha y despacho de nuestros productos de agroexportación más importantes, así como los envíos de prendas del sector confecciones, al igual que la producción metalmecánica, siderúrgica, maderera, entre otros sectores”.
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En medio de las exportaciones, consideran que las empresas “tendrán que asumir pérdidas, en unos casos, o paralizar los envíos al no poder incrementar los precios de exportación ya pactados con los clientes”.
“Proceder de esta manera sin poner en agenda una reforma que permita mejorar la competitividad nacional, sobre todo en términos de infraestructura, terminará afectando inversiones y empleos, y provocando el cierre de empresas, muchas de ellas, en las regiones del Perú”.
Ante ello, los empresarios demandan que se revierta esta medida de inmediato y que se concentren en incentivar las inversiones, destrabar obras, eliminar barreras y regulaciones, así como luchar contra la inseguridad ciudadana, la informalidad y las economías criminales que son los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos y a quienes generan riqueza para el país.