
El parque de vehículos electrificados acelera, pero la infraestructura de carga no lo acompaña. De enero a septiembre de 2026, se comercializaron 13,285 unidades, anotando un crecimiento de 83.1% y alcanzando una participación de 6.1% en el mercado total. De ese volumen, los híbridos enchufables (PHEV) representaron el 12%, y eléctricos puros, el 6%, en un país donde el parque enchufable total bordea las 4,000 unidades, considerando que el 50% son PHEV. Pese a ese dinamismo, todavía se requiere cuatro o cinco veces más cargadores. ¿Qué viene frenando el despliegue de la red de carga en espacios públicos? La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive Perú) detalla la situación.
Adolfo Rojas, presidente de la Aedive Perú, explicó que el parque de infraestructura de carga sí ha crecido, pero solo a nivel residencial, mientras que a nivel semipúblico y público se ha quedado estancado.
En concreto, manifestó que la estadística de puntos de carga en espacios públicos y semipúblicos no se mueve y permanece en 65 ubicaciones desde hace aproximadamente seis meses. El crecimiento se concentra solo en espacios de clientes finales —casas y edificios— porque en cada condominio nuevo se están instalando uno o dos cargadores.
“El crecimiento sí se sigue dando, pero a nivel del usuario o cliente final, residencial, porque la carga todavía a nivel semipúblico o público, esa sí se ha quedado estancada, no ha habido un crecimiento”, remarcó.

Sobre esta situación, afirmó que el estancamiento no es porque la tecnología no sea atractiva, sino por la ecuación financiera. En detalle, precisó que un cargador rápido de 60 kW (kilovatio) de potencia puede representar una inversión de US$18,000 más US$15,000 de instalación, superando los US$30,000 por punto, en un mercado con una penetración total de apenas 2,517 vehículos eléctricos puros y menos de 5,000 sumando PHEV.
“Nadie va a poner US$ 30,000 para que esté ahí como un adorno, que nadie lo ocupe”, sostuvo.
Vacío normativo frena electrolineras
Respecto a los actores que han instalado los 65 puntos, Rojas señaló que es un mix de empresas que apostaron por la electromovilidad —estaciones de servicio como Primax y Repsol, hoteles, restaurantes y centros de capacitación— pero con potencias aún bajas de 7, 11 y 22 kW, lentos o semirrápidos, y con muy baja utilización.
En cierta medida, indicó que la baja demanda impide justificar una inversión que requiere al menos seis a siete vehículos por día para recuperar el desembolso en menos de cinco años. Sin embargo, influye en mayor dimensión la necesidad de mejorar el Decreto Supremo 036-2023-EM, reglamento de operación e instalación de puntos de carga, pendiente de actualización por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Asimismo, remarcó que falta un marco legal desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para nuevas edificaciones. En la actualidad, mencionó que la instalación en condominios es 100% privada e iniciativa comercial de las inmobiliarias, sin supervisión clara de las autoridades, mientras el país necesita desplegar una red pública que permita ir de Lima a Tacna sin inconvenientes.
De igual manera, afirmó es clave priorizar la formulación y aprobación de la Ley de electromovilidad con incentivos concretos, como reducción de IGV (impuesto general a las ventas) a la compra de vehículos eléctricos y eliminación de Ad Valorem (tributo de importación), antes que beneficios como no pago de peajes o estacionamientos preferentes, para dar una hoja de ruta.
Ratio de vehículos por cargador: Perú necesita quintuplicar red pública
Con 4,000 unidades enchufables y 65 cargadores semipúblicos y públicos, Rojas explicó que el ratio de la infraestructura de carga en Perú es de 61 vehículos por cada cargador, muy por encima del estándar internacional de 10 a 15 vehículos por cargador. Así, la oportunidad para la inversión en esos equipos es tangible.
Para alinearse a ese estándar, mencionó que el país debería tener al menos cuatro a cinco veces más cargadores de lo actual. En Sudamérica, refirió que países como Chile ya cuentan con cerca de 4,000 cargadores, con una penetración de vehículos diez veces mayor, lo que les permite cerrar mejor los números.

ATU alista licitaciones de buses eléctricos y 51 marcas de tecnología en espera
Sobre la expansión de la electromovilidad en el transporte público, Rojas reveló que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prepara dos convocatorias para flota de buses eléctricos, según tomó conocimiento tras recientes reuniones sostenidas con la entidad.
Para identificar las necesidades de flota y los tipos de vehículos existentes, refirió que la Aedive cuenta con un estudio detallado de siete años —desde 2019 hasta 2025— de todas las unidades importadas eléctricas, desde scooters hasta camiones y buses, con marca, modelo, precio, procedencia y tecnología, que ha sido presentado a ministerios y al Congreso de la República.
Ante el potencial de negocios relacionados, destacó que hay 51 marcas de cargadores viendo al mercado peruano como atractivo; aunque si filtran solo a las empresas capaces de instalar, operar y mantener infraestructura, no quedan más de cinco.
“Mientras no haya claridad sobre demanda anclada e incentivos, como promover que estaciones que comercializan más de 100,000 litros de combustible al año instalen dos cargadores públicos a cambio de reducción de impuesto a la renta u obras por impuestos, la inversión seguirá esquiva”, finalizó.






