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Con suerte, el mundo estará atiborrado de vacunas contra el covid-19 a fines de año. Pero ahora no lo está, y la vasta mayoría de los mil millones de dosis producidas se ha administrado en países ricos. En cambio, las muertes se están concentrando en países pobres. Algunos gobiernos están proponiendo opciones radicales para remediar esa disparidad.
Por ejemplo, India y Sudáfrica plantean que los miembros de la Organización Mundial del Comercio otorguen dispensas a la protección de propiedad intelectual (PI) para tecnologías que combatan el covid-19, incluidas vacunas. Algunos en el mundo avanzado están interesados; en Estados Unidos, diez senadores demócratas han instado al presidente Joe Biden a respaldar la idea. Sin embargo, las farmacéuticas alertan que asestaría un duro golpe a la innovación.
El argumento económico para la protección de PI parece bastante convincente. Las farmacéuticas invierten fuertes sumas en desarrollo de fármacos sin contar con ninguna garantía de éxito. Si otras pudiesen copiar libremente un nuevo tratamiento, su precio bajaría rápidamente hasta su costo marginal de producción, dejando a la innovadora incapaz de cubrir sus costos de desarrollo. Por ende, es necesario otorgarle un corto periodo de monopolio para que sus inversiones valgan la pena económicamente. Las patentes proporcionan esta protección.
No obstante, la protección de PI no siempre funciona así. Es habitual que estudios encuentren poca o ninguna evidencia de que impulse la innovación, sostienen Michele Boldrin y David Levine, de la Universidad Washington en San Luis (Misuri); las farmacéuticas, donde los derechos de PI son asumidos como esenciales, no son la excepción. En Estados Unidos, las patentes les confieren grandes ganancias pese a que la inversión privada solo es un tercio del gasto en investigación biomédica.
Otras retribuciones a la innovación, como recompensas financieras, podrían generar más medicinas novedosas a bajos costos. Pero por ahora, la protección de PI es crucial para los negocios de la mayoría de compañías que desarrollan vacunas contra el covid-19. ¿Deberían otorgarse ciertas dispensas ante una pandemia que sigue cobrándose más de 10,000 vidas diarias? Los defensores de la idea argumentan que la pandemia es un evento extremo que lo justifica.
La rápida creación y producción de vacunas es testimonio de años de inversión privada en tecnologías conexas y de la celeridad con que las firmas de biotecnología actuaron cuando comenzó la pandemia. Pero no deben ignorarse los vastos recursos públicos que posibilitaron esos esfuerzos. Y una dispensa no pondría en peligro la viabilidad de las farmacéuticas. Sin embargo, en el sector tienen razón al decir que liberar la PI de vacunas no incrementaría la producción.
Es que la mayoría de la capacidad de planta en el mundo ya está en uso; en algunos casos, las desarrolladoras suscribieron licencias con fabricantes de medicinas. Otros obstáculos a la producción son más restrictivos que las reglas de PI, como la limitada disponibilidad de insumos y experiencia. Algunos han sido impuestos por los propios gobiernos, vía restricciones a la exportación que interfieren con las cadenas de suministro.
Además, el mayor obstáculo para expandir la capacidad no es la protección de PI sino los recursos propios y otro know-how, que no son cubiertos por las patentes. Muchos países pobres no enfrentan barreras de patentes para usar las tecnologías empleadas por Pfizer y Moderna; su obstáculo es la falta de familiaridad con las nuevas técnicas.
Esta situación ilustra las deficiencias de cómo tanto farmacéuticas como gobiernos han manejado el esfuerzo de vacunación. Las compañías han sido reacias a compartir data y know-how tácito con fabricantes que algún día podrían ser una amenaza competitiva, lo que ha ralentizado la implementación de nueva capacidad de planta.
En ciertos casos, las reglas comerciales permiten a los gobiernos otorgar licencias obligatorias –el derecho de usar una invención patentada sin el permiso de la inventora, por un precio–. Pero tales permisos no sirven si las desarrolladoras no comparten la otra información y recursos necesarios para producir dosis. Una iniciativa de la OMS para facilitar esto ha sido ignorada por el sector.
Pese a ello, la experiencia del año pasado indica cómo los gobiernos podrían hacerlo mejor la próxima vez que negocien contratos, por ejemplo, para vacunas contra nuevas variantes del virus. Habiendo invertido tanto en desarrollo, obviaron incluir en los contratos medidas que obliguen a las farmacéuticas a compartir la información que otras necesitan para producir rápidamente grandes volúmenes de vacunas; tampoco buscaron presionarlas para que transfieran tecnología para expandir la producción.
Entretanto, los gobiernos podrían repensar las reglas base para transferencia tecnológica e intercambio de PI, a fin de estar preparados para la próxima pandemia. Se han cometido errores cuyo costo está medido en vidas, y no pueden repetirse.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021
