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La empresa española Repsol dijo el jueves que presentará un recurso legal contra el recién aprobado impuesto extraordinario sobre el sector energético en España, alegando que el gravamen violaría la legislación española y la de la Unión Europea.
La empresa estima que el impuesto supondrá un coste de 450 millones de euros (US$ 481.6 millones) para sus actividades en 2022.
La empresa se suma a las asociaciones bancarias y energéticas que se oponen a la tasa temporal sobre el sector aprobada en diciembre, destinada a recaudar 7,000 millones de euros (US$ 7,490 millones) de aquí a 2024 para financiar medidas de alivio del coste de la vida.
Las asociaciones bancarias y eléctricas españolas han presentado recursos contra el impuesto ante la Audiencia Nacional por considerarlo distorsionador de la competencia y discriminatorio, al no existir en otros países europeos.
“Repsol, de acuerdo con la opinión de sus asesores internos y externos, considera que el GTE (gravamen temporal energético) es incompatible con la Constitución Española y con el Derecho de la Unión Europea, por lo que seguirá los cauces legales adecuados para que se anule y, en su caso, se devuelvan los importes recaudados”, dijo a analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
Las empresas también pueden recurrir individualmente contra Hacienda para reclamar el dinero una vez que hayan efectuado su primer pago, previsto para antes del 20 de febrero.
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Tras los anuncios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el impuesto extraordinario diciendo que “es de sentido común que (...) les pidamos una mayor contribución” a las empresas y bancos que han registrado beneficios récord.
Repsol estimó que el impuesto supondría un coste de 450 millones de euros (US$ 481.6 millones) para las actividades de la compañía en 2022 que se contabilizarían el 1 de enero de 2023.
“En cualquier caso, el impacto sobre los resultados del ejercicio no sería significativo al haberse tenido en cuenta el GTE a pagar por el negocio de Refino España en el test de deterioro”, dijo Imaz.
En su comunicado del jueves, la asociación de las eléctricas criticó al Gobierno español por ser el único país que grava los ingresos.
A diferencia de España, la Comisión Europea ha aprobado un impuesto temporal sólo sobre los beneficios de las empresas de petróleo, gas, carbón y refino.
El impuesto propuesto para las empresas energéticas en España incluye un gravamen del 1.2% sobre las ventas de las compañías eléctricas y conlleva una carga del 4.8% sobre los ingresos netos por intereses y las comisiones netas de los bancos.
Fuente: Reuters
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