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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del gasto público en Brasil, aprobó en la víspera (miércoles) la propuesta de privatización de Eletrobras, mayor empresa eléctrica de Latinoamérica, con lo que dio aval para que el gobierno concluya el proceso antes de las elecciones de octubre.
La propuesta por la que el Estado saldrá del control del gigante eléctrico y el modelo de privatización del mismo fueron aprobadas por el tribunal, un órgano vinculado al Congreso, por siete votos a favor y solo uno en contra de los magistrados, tras un proceso aplazado varias veces y que llegó a poner en duda la venta de la empresa, que ahora superó el que era su último escollo.
En caso de que el gobierno consiga concluir antes de las elecciones algunos trámites burocráticos aún necesarios para el proceso de venta, ya que aún depende de ajustes con los órganos reguladores de bolsa tanto en Brasil como en Estados Unidos, la privatización de Eletrobras será la primera de una estatal importante en la gestión del presidente Jair Bolsonaro.
La propuesta inicial del gobierno era poner las acciones de la empresa a la venta el 13 de mayo, pero la demora del proceso en el tribunal lo obligó a aplazar la oferta para una fecha aún por definir, aunque la expectativa del mercado es que la operación sea realizada en agosto.
El proceso es una prioridad del gobierno del líder ultraderechista, que desde que asumió su mandato, en enero del 2019, puso en marcha una política económica de marcado tinte liberal, con énfasis en las privatizaciones y las concesiones, destinada a reducir el tamaño del Estado.
De acuerdo con el modelo de venta aprobado por el Congreso en junio del año pasado, el gobierno privatizará Eletrobras mediante la emisión de nuevas acciones de la estatal que serán vendidas en bolsa en una subasta en la que el Estado no participará.
Según cálculos provisionales, la privatización de Eletrobras, a través de ese proceso de capitalización, podría rendirle al Estado brasileño unos US$ 21,300 millones y reducir su participación en la empresa del actual 60% hasta un 45%.
El modelo aprobado dejará a la empresa sin un controlador definido y pulverizará el capital de la empresa, que pasará a ser administrada por un consejo y una presidencia independientes, cuyos miembros serán elegidos por mayoría de los accionistas.
Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado una “acción dorada”, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.
El modelo también excluye de la venta tanto Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras que opera las tres plantas nucleares de Brasil, como la gigantesca hidroeléctrica Itaipú, que el Estado brasileño comparte con el paraguayo y que es gestionada por la estatal.
Eletrobras, responsable por un tercio de la generación en Brasil, posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70,000 kilómetros de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50,000 megavatios (MW).
El único de los votos en el TCU contra la privatización fue el del magistrado Vital do Rego, que en abril ya había pedido un aplazamiento del proceso para escuchar algunos especialistas por considerar que la empresa será ofrecida por un valor muy inferior al que tiene.
Do Rego solicitó nuevamente este miércoles que el proceso sea suspendido hasta que los técnicos del tribunal concluyan un estudio sobre el verdadero valor de las deudas judiciales de la compañía, a las que se les atribuyen la subvaloración de Eletrobras, pero su petición fue rechazada por siete votos contra uno.
Pese a la aprobación, los miembros del tribunal dejaron claro que tanto el Ministerio de Minas y Energía como el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que auxilia en la operación, tienen que cumplir algunas recomendaciones del órgano antes de proseguir con la venta.
