La comunidad de Mayuriaga implicada en la rotura del Oleoducto Norperuano –ocurrido el 27 de noviembre como un acto de protesta por razones electorales– está solicitando una indemnización por el daño ambiental que estaría causando la rotura del ducto, pese a que fueron responsables de la misma.
"No han especificado cantidades. La negociación no ha llegado a ese nivel porque hasta donde se ha avanzado no se ha querido aceptar eso", explicó a Gestión.pe el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez.
A reglón seguido, explicó que el argumento electoral –inicialmente usado por los dirigentes de esta comunidad como medida de protesta– se deshizo. Como se recuerda, la disconformidad por los resultados de las elecciones en la provincia del Datem del Marañón, originaron la rotura del ducto.
"Ante lo cual apareció una nueva agenda de necesidades sectoriales como la construcción de un colegio, dotar de equipamiento al centro de salud, el desarrollo de proyectos productivos así como electrificación y saneamiento rural, entre otros. La semana pasada se envió una misión sectorial, que llegó a acuerdos y todo anduvo bien ya que nos pusimos todos de acuerdo, (incluso) el colegio va entrar en funcionamiento para el año escolar 2019, pero –de pronto– la agenda multisectorial desapareció y lo único que quedo fue exigir dinero, en concreto, un arreglo económico con Petroperú", arguyó.
¿Cuál fue la demanda concreta?
Este arreglo económico se pidió bajo dos canales: la exigencia de una indemnización y de trabajo comunal para la remediación ambiental. La indemnización, en este caso no cabe porque ellos mismos originaron el problema.
¿Qué alegan para solicitar una indemnización?
Por el impacto ambiental que ha producido la rotura del Oleoducto Norperuano. Felizmente, (el daño ambiental) no ha sido muy fuerte. No tengo los números (del impacto ambiental) ya que eso tendría que preguntarse a Petroperú, pero la información que he recibido tanto del viceministerio de Hidrocarburos como de la empresa estatal es que el daño no ha sido muy importante, dado que después de que se atentó contra el ducto, se realizó una reparación informal, entonces lo que sigue saliendo –en palabras del propio personal del Ministerio de Energía y Minas– es un chisguete.
¿Esta reparación informal del ducto es suficiente?
No, ya que no podemos permitir ni un metro cúbico de petróleo más derramado, entonces tenemos que reparar el tubo de manera duradera para impedir que salga más petróleo y eso va a permitir que el oleoducto vuelva a operar. Para eso es vital que el grupo que está impidiendo esta labor, permita a los técnicos de Petroperú reparar el ducto de manera definitiva.
¿Cuándo considera que terminará esta situación que ya lleva más de 20 días?
Estoy convencido que esta semana vamos a resolver el asunto. Hoy está entrando una nueva comisión (a la comunidad de Mayuriaga), ya no intersectorial como la que entró el fin de semana pasada porque la agenda intersectorial ya se resolvió y la comunidad está satisfecha, entonces lo único que queda ahora es el tema el ducto y la relación con Petroperú.
¿Quiénes integran esta comisión?
Está entrando una comisión conformada por un representante de la PCM, MEM y de Petroperú y vamos a volver a sentarnos, pero yo invocaría a cerrar este asunto (ya que) no tiene ningún sentido seguir insistiendo en impedir que reparemos de manera sostenible una infraestructura que pertenece a todos los peruanos. Una vez que resolvamos ello, podemos discutir todos los problemas que aquejan a la comunidad y la PCM tiene la mejor disposición de actuar como mediador, moderador e interlocutor de ese proceso.
Usted proyecta que esta semana se resuelva este conflicto, ¿qué va a pasar si ello no ocurre?
No me quiero poner en ese escenario, pero -en cualquier caso- continuaremos insistiendo en el diálogo hasta que nuestros hermanos de Mayuriaga, entiendan de que negándose a que se repare una infraestructura pública, no están actuando en favor de la propia comunidad. De una vez resolvamos el problemas del ducto y después sigamos trabajando. Si es necesario que vaya a Mayuriaga lo haré, pero no tiene sentido que usen la visita del viceministro para discutir la reparación de un ducto, que es problema de Petroperú. Usemos una eventual visita mía, en cambio para trabajar una agenda de desarrollo para Mayuriaga con perspectiva de cuenca.
¿Qué se va a negociar: el trabajo comunal y la indemnización?
Adoptaremos un acuerdo que permita resolver nuestra necesidad, que es reparar el ducto de manera sostenible y atender las expectativas de las comunidades, sin transgredir ninguna ley y sin tampoco dar la señal de que uno puede atentar por voluntad propia contra una infraestructura pública, y tratar de obtener beneficios contra eso. Respetando ese principio, buscaremos la mejor manera de que la comunidad pueda participar en todas las actividades de desarrollo local que se puedan programar. Sin embargo, no quiero adelantar resultados específicos de las conversaciones que se puedan emprender entre hoy y pasado mañana, si es necesario con la comunidad. Lo único que quiero es insistir, que estamos en el mejor momento para resolver de una vez el impase con Mayuriaga.
¿Entonces, estaría descartado atender la demanda de una indemnización por daño ambiental?
¿Cree que cabría una indemnización cuando uno comete una falta y luego pide una compensación por haber hecho eso? Lo discutiremos y buscaremos una solución en el marco de la ley.
La SPH consideró que al realizarse un daño a la infraestructura del Estado corresponde interponer una denuncia penal, ¿se está analizando esta posibilidad?
A nosotros no nos corresponde, sino a la empresa que es la titular del ducto. Los funcionarios de Petroperú como empleados públicos tienen que cumplir con su papel y su obligación es denunciar cuando existe deterioro a la infraestructura pública. El Poder Judicial decidirá como procesa ello, pero cualquier funcionario público debe cumplir con su trabajo, de lo contrario puede ser denunciado por omisión de función. Las comunidades no pueden esperar que los funcionarios públicos no cumplan con su trabajo y este mensaje no solo se lo dirijo al dirigente de Mayuriaga (el señor Samuel Sumpa) sino a todas las personas que comparten esa expectativa. Tenemos que aprender a procesar nuestros conflictos en el marco de la ley, de lo contrario no vamos hacer una sociedad cohesionada.
"como sociedad tenemos una deuda histórica con la AMAZONíA peruana, pero no vamos a CORREGIRLA atentando contra el oleoducto ni tomando instalaciones públicas. lo vamos a CORREGIR persistiendo, comunidades y estado, en llegar a procesos de trabajo compartido para resolver progresivamente las brechas acumuladas".
¿A cuántas familias impacta esta situación?
En Mayuriaga son 90 familias, mientras que en la cuenca del Morona viven aproximadamente 12,500 personas. La información que tengo respecto al grupo que está vinculado directamente vinculado al señor Sumpa, en la zona donde se tiene que reparar el ducto, es que son cerca de 30 personas. Si el señor Sumpa quiso ser autoridad local, apeló a su mirada estratégica y se dé cuenta que no es por el camino del conflicto que va a resolver los problemas de su población. Mejorar abramos un espacio de diálogo en la que participen toda la población.