La Contraloría General de la República alertó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que no ha evidenciado de que las empresas concesionarias que forman parte de los cinco Corredores Complementarios cuenten con pólizas de seguro vigentes, tal como lo establecen los contratos de concesión, lo que genera que tanto los bienes de la concesión (buses) como terceros involucrados (usuarios, conductores, concedente, empleados de los concesionarios y de subcontratistas) no se encuentren cubiertos ante la ocurrencia de siniestros.

La concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima está dividida en: el Corredor 1 o Amarillo, que une la Panamericana Norte, Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur; el Corredor 2 o Rojo, que tiene la ruta Av. Javier Prado, Av. La Marina y Av. Faucett; el Corredor 3 o Azul, que recorre la ruta Av. Tacna, Av. Garcilaso y Av. Arequipa; el Corredor 4 o Morado, que une el distrito de San Juan de Lurigancho con  la Av. Brasil; y el Corredor 5, que une la Carretera Central con la Av. Arica y la Av. Venezuela.

Según el , emitido el 21 de julio, los contratos de concesión de los Corredores Complementarios establecen que las empresas concesionarias están obligadas a tomar y mantener vigentes pólizas de seguros, tales como el Seguro de Responsabilidad Civil por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes de terceros y por daños a personas; el Seguro Contra Daños a los bienes de la concesión; y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Luego de la revisión de la información enviada por la ATU, la comisión de control advirtió que el concesionario del Corredor 1 tenía vencido el seguro de responsabilidad civil y el SOAT desde junio y mayo del 2020, respectivamente, mientras que no había información del seguro contra daños a los bienes de la concesión.

En el caso del Corredor 2, las pólizas del seguro de responsabilidad civil y contra daños a los bienes de la concesión vencieron en mayo y agosto del 2020, respectivamente, y no había información del SOAT. 

Mientras que el concesionario del Corredor 3 tiene vencidas sus pólizas desde octubre de 2020 para el seguro de responsabilidad civil, desde octubre de 2019 para el caso del seguro contra daños a los bienes de la concesión y desde mayo de 2019 para el SOAT.

En el Corredor 4 había pólizas de seguro de responsabilidad civil que vencieron en febrero de 2020 y 2021, al igual que las del seguro contra daños a los bienes de la concesión y del SOAT.

En el caso del Corredor 5, la ATU no remitió información sobre los seguros de responsabilidad civil y del SOAT, pero en el caso del seguro contra daños a los bienes de la concesión se verificó que venció en marzo del 2020.

Ante ello, la Contraloría solicitó y reiteró en seis oportunidades a la ATU que informe respecto a la vigencia de las pólizas, pero la entidad no respondió hasta la fecha de emisión del informe.

Por lo tanto, la comisión de control no cuenta con evidencia que tales pólizas se encuentren vigentes a la fecha y tampoco se puede evidencias que la ATU realice la supervisión de estas obligaciones de los concesionarios.

Cabe señalar que los contratos de concesión de los Corredores Complementario establecen la aplicación, por pate del concedente, de medidas correctivas y sanciones administrativas al concesionario ante la falta de vigencia de las pólizas de seguro, lo que incluye la resolución de los respectivos contratos.

En ese sentido, la comisión de control solicitó a la ATU que informe, de manera documentada, si se han realizado acciones vinculadas a la falta de vigencia de las pólizas de seguro, pero a la fecha de cierre del informe, la entidad no respondió a dicha solicitud.

Sin perjuicio de la falta de vigencia de las pólizas de seguros contratadas por los concesionarios, los auditores de la Contraloría advirtieron que las coberturas de las mismas no contenían todas las exigencias contractuales.

Otro hallazgo del informe de control es que solo 5 de 18 garantías de fiel cumplimiento y del plan de chatarreo presentadas por los concesionarios se encuentran vigentes.

Tampoco se evidenció que la ATU haya realizado una supervisión a la vigencia y contenido de las referidas garantías, lo que genera incertidumbre respecto a si el Estado se encuentra asegurado en caso de incumplimientos contractuales por parte de los concesionarios.

En ese sentido, la Contraloría recomendó hacer de conocimiento de estos hechos a la ATU para que adopte las acciones correctivas que correspondan para asegurar la verificación de la contratación y renovación de las pólizas de seguro, así como de las garantías de fiel cumplimiento, que se exigen en los contratos de concesión.