Economía peruana retrocede en libertad laboral

La libertad económica, que hace referencia a la facultad de la persona a controlar su propiedad, poder trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que desee, es medida con base en 12 factores cuantitativos y cualitativos, agrupados en cuatro grandes categorías o pilares, siendo estos el estado de derecho, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y mercados abiertos.

En la última publicación, Perú obtuvo un puntaje de 66.5 que lo ubica en una categoría de “moderadamente libre” (intermedio). El nivel es similar al del reporte del 2022, pero ha bajado desde el 2017, cuanto obtuvo un pico de 68.9.

Respecto de la región, Chile (71.1 puntos) y Uruguay (70.2) se encuentran por encima, mientras que países como Colombia (63.1) y Brasil (53.5) tuvieron peor performance.

“Es un indicador serio, que cuenta con una metodología transparente, y que toma diversos factores (referencia a los cuatro pilares) que sabemos que están relacionados con el crecimiento económico”, apuntó Fernando Gonzáles, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

¿Qué es la libertad laboral y por qué se deteriora en Perú?

Uno de los puntos en los que Perú presenta un puntaje deficiente es el de libertad laboral (58.3) -que está dentro del pilar de eficiencia regulatoria-, que ha venido a la baja en las últimas dos mediciones.

Asimismo, comparado con Chile (59.4), Colombia (61.7) y Uruguay (60.8), Perú se encuentra en una posición inferior.

Este componente, señala la fundación, contempla varios aspectos del marco legal y regulatorio del mercado laboral de un país, incluidas las regulaciones sobre salarios mínimos, derechos de asociación, leyes que inhiben los despidos, requisitos de indemnización y restricciones regulatorias medibles sobre la contratación y las horas trabajadas.

Además, toma la tasa de participación de la fuerza laboral y la productividad laboral como una medida indicativa de las oportunidades de empleo en el mercado laboral.

En la administración de Pedro Castillo, se impulsó la llamada Agenda 19, una serie de reformas laborales que traían una mayor carga laboral para el sector privado, y que tenían como fin “favorecer al trabajador”. Entre los puntos controversiales y que dañan la confianza del sector empresarial, está la restricción a la tercerización laboral y el fortalecimiento de los sindicatos, los que apuntan a tener un respaldo más fuerte por el Gobierno de turno.

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“En los últimos años el Congreso y Ejecutivo ha impulsado de alguna manera leyes que han hecho cada vez más difícil la formalidad. Los empresarios sienten que el cumplimiento de las normas o la fiscalización es más difícil. Hubo, por ejemplo, un empuje para apoyar una mayor sindicalización (modificación del reglamento de la ley de negociaciones colectivas de trabajo) de una manera no tan efectiva”, dijo Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

Gonzáles advirtió que los intentos de la administración anterior por implementar la Agenda 19 generaron una menor flexibilidad en el mercado laboral, que iba en contra de la población informal, en particular respecto a su paso a la formalidad, en donde encontraría mayores beneficios sociales y salariales.

“La poca predictibilidad regulatoria que ha venido enfrentando el país al tratar de implementar algunas planes sin consenso por todos los sectores relacionados al mercado laboral, como la Agenda 19 o las restricciones a la tercerización laboral, afectan definitivamente. Las mayores restricciones no favorecían a la población informal, pues incrementaba los costos de la formalidad. Solo se ha tratado de favorecer a un grupo, y no se pensó en el colectivo”. indicó.

El economista señaló que la mejora de los indicadores de libertad laboral obedecen a factores más de “decisión política” que a motivos estructurales, por lo que habría espacio de mejora si se impulsan las medidas adecuadas.

“Hay factores que son más de decisión de políticas públicas, más relacionados al marco regulatorio, en donde se podría tener una salida hacia un escenario más optimista”, apuntó.

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Estado de derecho es el punto más débil del Perú

En particular, el punto más débil del Perú está en el pilar de estado de derecho, el cual contempla factores como el de derechos de propiedad (51.4 puntos), integridad del gobierno (38.5), y eficacia judicial (48.2).

Puntajes menores a 59.9 están en la categoría “mayormente no libres” y los menores a 49.9 se encasillan como “reprimidos”.

En el caso de integridad del gobierno, que contempla la percepción de corrupción, riesgo de soborno y la captura del Estado por parte de intereses privados, los bajos puntajes se arrastran desde años pasados, y, comparado con otros países de la región, el nivel de Perú es más bajo que Brasil (39.1), Colombia (41.4), Chile (71.8) y Uruguay (77.3).

“(...) Se han institucionalizado políticas de mercado abierto que apoyan el comercio y la inversión, pero la corrupción y el débil estado de derecho continúan socavando las perspectivas de desarrollo económico a largo plazo”, señala la fundación sobre Perú.

Al respecto, Ortiz mencionó que la falta de institucionalidad es un problema usual en el Perú, lo que hace que se perciba como sistema “azaroso” y sin mucha predictibilidad para el entorno de negocios.

“Es bastante difícil corregir la baja institucionalidad o poca credibilidad en las instituciones que hay en el país. La corrupción ha sido un tema endémico en todos los gobiernos, es el equilibrio que tenemos”, precisó.

Alertó que actualmente es posible que se haya tocado pisos en este problema, y que las consecuencias son graves, pues una de las principales necesidades para que se invierta en un país es tener claras las reglas del juego, que no solo pasan por un tema tributario, sino por la seguridad en los derechos de propiedad, o poder recurrir a un tipo de instancia jurídica cuando haya algún conflicto.

“Estamos en una situación bastante peor por la coyuntura política y las disputas alrededor de una asamblea constituyente. Va en contra de la poca institucionalidad que tenemos. No hay predictibilidad cuándo el Estado abusa de posición, o si hay ausencia del mismo cuando se tiene que respaldar el marco legal o proteger derechos de propiedad (por ejemplo, disturbios en operaciones mineras). En ese ambiente no solo hay problemas solo en el corto, sino en el largo plazo”, dijo Ortiz.

Gonzáles coincidió en la debilidad institucionalidad en el Perú y que se ha acentuado en los últimos años con la administración de Pedro Castillo. “Los problemas de corrupción e inestabilidad política han trascendido”, precisó.

Señaló que las consecuencias son de corto plazo, como el deterioro de las expectativas empresariales, desaceleración económica y las deterioradas previsiones que se tienen de la inversión privada (proyectada caída este año).

Sin embargo, también lo serían a mediano plazo, pues el crecimiento potencial para los siguientes años empeora cuando hay baja institucionalidad.

“Los principales problemas que pasa el Perú están relacionados con el débil estado de derecho, y eso va en línea también con la inestabilidad política por la que hemos pasado en los últimos años. El impacto es sobre las decisiones de hacer negocios y libertad empresarial. Esto socava las perspectivas de crecimiento en el corto plazo, pero también en el mediano porque se daña más la institucionalidad”, apuntó.

¿En que periodo se midió la libertad económica en Perú?

• Para el Índice 2023, la mayoría de los datos cubren desde la segunda mitad del 2021 hasta la primera mitad de 2022. En la medida de lo posible, la información considerada para cada factor estaba actualizada al 30 de junio del 2022.

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