Wilfredo Huanachín
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Considerada como una estrategia para atraer a potenciales inversionistas en la compra de los activos, para este jueves 7 de diciembre Doe Run Perú entregará el plan de reinicio de operaciones, que comprende un presupuesto de US$ 108 millones, y que se resolverá en un plazo de cuatro meses.
Se supo que la empresa también cuenta con 120,000 toneladas de ferritas de zinc, de las cuales venderá unas 60,000 toneladas este mes.
Con el efectivo que se logre conseguir, se podrá generar saldo de caja y programar la futura instalación de un sistema de recirculación de gases para las chimeneas en La Oroya que se haría en los próximos seis meses.
Normativas
Las nuevas disposiciones del Ministerio del Ambiente (Minam) respecto a la gestión y remediación de sitios contaminados y pasivos ambientales en actividades extractivas de minería y petróleo, abre la posibilidad de que un futuro titular en el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) ya no se haría cargo de los pasivos anteriores en la zona.
A través del Decreto Supremo 012-2017-Minam, el ministerio indica que, en caso de determinarse la existencia de sitios contaminados por una actividad pasada, el titular del proyecto o la actividad en curso no tiene la obligación de continuar con su evaluación y posterior remediación, salvo que sea el responsable de esa contaminación o haya asumido la remediación del sitio mediante acuerdo contractual con el responsable del mismo.
Un estándar de calidad ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, que no representa riesgo significativo para la salud de la personas ni del medio ambiente.
Optimización
En el caso de Doe Run Perú, fuentes del sector indicaron que la nueva norma de ECA precisa que los estándares de plomo tienen una disminución en sus registros, al pasar de 1,200 miligramos a 800 miligramos por cada kilo seco. De otro lado, se comentó que la remediación de los pasivos vigentes alrededor de La Oroya estaría bajo responsabilidad del Estado, a través de activos mineros.
Esta norma podría aplicarse en complejos mineros en el Callao, Cerro Verde e Ilo.
