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El Directorio de Petroperú ha sido claro con la situación de la petrolera estatal. En mayo último, publicaron un comunicado en el que se daba a conocer la crítica situación en la que se encontraba la empresa, mientras se esperaba una respuesta del Gobierno respecto a las acciones recomendadas para lograr ganancias de eficiencia que aseguren su autosostenibilidad.
En ese momento, destacaron: “sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado”, sin que la empresa se comprometiera a cambios profundos. Pese a las alertas, aún la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), no ha dado respuesta.
Por eso, el Directorio de Petroperú salió al frente a pedir al Gobierno que siente una posición en el menor lapso posible pues “en las condiciones actuales la gestión (de la empresa estatal) se hace insostenible”.
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Oliver Stark, presidente del directorio, incluso dio un ultimátum. En entrevista en Canal N, comentó que si hasta antes de fin de mes, es decir, en los próximos cuatro días, no hay una respuesta de parte de la JGA –y se mantiene la inacción–, se verán obligados como directores a dar un paso al costado.
En medio de todo esto, Gestión conversó con fuentes allegadas a la empresa y al Poder Ejecutivo para conocer más qué es lo que el Gobierno tiene pendiente -con urgencia- de aprobar y qué es lo que espera la petrolera estatal para ser “salvada”.
Cabe recordar que para los directores hay tres caminos claros que puede tomar la JGA: apoyar las medidas planteadas; continuar inyectando capital a la empresa, “como hasta ahora, sin pedir ni asegurar cambios organizacionales creíbles que busquen su eficiencia”; o simplemente aceptar la quiebra y/o liquidación.
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Necesidad del actor privado y las otras dos medidas
Fuentes allegadas a la empresa comentaron a Gestión que uno de los temas clave es esta suerte de “PMO” privado para la compañía. De hecho, este diario supo que por lo menos hay 10 firmas que han dado su expresión de interés como Deloitte, McKinsey, KPMG, entre otras. “Para contratar y facilitar toda la burocracia, necesitas un dispositivo legal para que esa empresa pueda trabajar”, apuntaron las fuentes.
Solo con el ingreso del privado, a su consideración, se podría solicitar ya los recursos necesarios para “salvar” a la compañía del Estado.
Además de la contratación de este privado, se apunta a que el dispositivo legal incorpore –añadieron los allegados a la petrolera– el tema de desvincular a un tercio del personal de manera más eficiente.
Stark, en Canal N, comentó que a la fecha con el retiro voluntario han renunciado 100 trabajadores. Las fuentes comentaron que el cálculo es que si se fuera un total de 200 personas con despidos voluntarios (de las 600 que al menos se necesitarían), ya se ahorra unos S/ 300 millones.
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Un tercer punto relevante en este dispositivo legal que debería llegar si el Gobierno decide respaldar al directorio está vinculado a la venta de activos. Ya anteriormente fuentes de Petroperú habían comentado a este diario que el foco estaba en vender el edificio ubicado en San Isidro (Lima), y que en general son al menos 100 activos no críticos que estarían en la mira. Esto fue ratificado en una entrevista de Gestión al mismo presidente de Petroperú.
Si bien se conoció que ya hay ciertos avances en las coordinaciones con ProInversión para evaluar la venta, “se necesita una autorización del MEF. No obstante, se está desocupando el edificio, ya todos están en home office”.
Las fuentes adelantaron el sentir del directorio: “El directorio ha dicho que quiere trabajar con un accionista serio. Si no hay, no puede avanzar”.
“Día que pasa y no se toma decisión (hay un impacto). Ha pasado desde finales de febrero hasta ahora, además se ha tenido la refinería (de Talara) apagada, por lo menos la caldera de la flexicoking ha estado parada”, afirmaron los allegados a Petroperú.
La preocupación de la petrolera, dicen las fuentes, es que la presidenta Dina Boluarte haya retrocedido en su apoyo al plan para salvar a la empresa. Pues, como se recuerda, durante su discurso de Fiestas Patrias, la presidenta, parecía dar luces al respecto.
“Con el firme propósito de hacer autosostenible la empresa, se ejecutarán acciones de reestructuración e implementarán estrictas medidas de austeridad, tales como el traslado del personal de Lima hacia Talara, la venta de algunos activos, entre otras medidas, que permitan transformar a una compañía que cumpla con sus compromisos y genere valor para el Perú”, anotó durante su discurso a la Nación.
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Una reunión pendiente
¿Por qué Petroperú ha llegado a la situación actual? Los directores, a través de un comunicado, lo resumen en tres razones.
“Una histórica injerencia política y sindical, que ha llevado a que la empresa se aleje largamente del manejo eficiente, transparente y del buen gobierno corporativo; la construcción de la nueva refinería de Talara que habiendo costado el doble de lo presupuestado tendrá un largo proceso de estabilización con el riesgo de seguir impactando los estados financieros por al menos dos años más; y, el consecuente sobreendeudamiento que ha deteriorado al extremo sus ratios de solvencia y liquidez”.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, se ha citado al presidente de Petroperú para que exponga los resultados y cuáles son las metas de la empresa. Fuentes allegadas a la petrolera estatal confirman que sí se ha hecho dicha invitación, pero aún no se concreta. Por el contrario, esperan que el tema de las medidas planteadas se pueda ya evaluar en Consejo de Ministros porque más allá del 2 de septiembre no se podrían sostener.
“Si no (hay una decisión clara), entonces que dejen que la empresa quiebre. Pero, eso sí, el Estado va a tener que afrontar deuda con los bonistas. Entre la refinería y otras deudas, casi US$ 8 mil millones de dólares. Los bonistas van a ir a tocarle la puerta el Gobierno. Eso podría afectar el riesgo país (...) El directorio emite el comunicado para que decidan, pero el Gobierno debe optar por una salida ya”, subrayan las fuentes.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
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