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El Contralor General de la República, Nelson Shack, aclara que los funcionarios públicos sí están obligados a declarar todo el patrimonio que poseen en sus respectivas Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, tal como está establecido en la ley y directivas de la Contraloría General de la República.
Agregó que en dicha declaración se incluyen bienes como vehículos, joyas, relojes, pinturas, equipos informáticos y menaje.
“Claramente la directiva establece que cuando los bienes que tiene un funcionario son mayores a 2 UIT por rubro hay la obligación de declarar”, acotó.
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Asimismo, Shack Yalta enfatizó que la Contraloría colaborará con todas las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la Nación en las materias que le corresponden.
Cabe recordar, que el contralor se pronunció anteriormente sobre los relojes de alta gama que utiliza la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y dijo que los funcionarios públicos no estaban requeridos a informar sobre los objetos personales de valor que poseen.
Fiscalía inicia investigación a Dina Boluarte por caso Rolex
La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la jefa de Estado por el uso de un reloj de la marca Rolex, que estaría valorizado en US$ 14,000 y no dio cuenta de este en su declaración jurada.
“La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, se lee en el comunicado en X del Ministerio Público.
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Obras paralizadas
Por otro lado, la Contraloría presentó a las autoridades regionales, municipales y de otras entidades públicas un listado de 78 obras públicas paralizadas correspondientes a los gobiernos nacional, regional y local que podrían ser reactivadas en el marco de la Ley N° 31589 y que cumplen una serie de criterios propuestos por el máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
La reunión fue encabezada por el contralor general, Nelson Shack, quien refirió que esas obras tienen un costo actualizado de S/ 624′198,710 y para su culminación se requiere un saldo de inversión ascendente a S/ 155′315,635.
El titular de la Contraloría indicó que en estas 78 obras paralizadas se puede aplicar lo establecido en la Ley N° 31589, lo cual es uno de los seis criterios de priorización establecidos para impulsar su reactivación.
Los otros criterios son que su ejecución pueda concluir en un plazo máximo de dos años, que la paralización de la obra se haya configurado en los últimos tres años, que el avance de ejecución física sea mayor o igual a 70%, que pertenezca a sectores recurrentes como Transportes y Comunicaciones, Educación, entre otros; y que la obra se ubique en una provincia con un nivel de pobreza mayor al promedio nacional.
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