El pleno del Senado aprobó ayer el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores que delega facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño (FEN), por un plazo de 90 días calendarios.
La propuesta obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.
Cabe recordar que, el pleno de la Cámara de Diputados había aprobado un texto con solo 20 medidas del total de 66 pedidas por el Ejecutivo. En la comisión del Senado fue que se agregaron siete adicionales. Así, al pleno de la Cámara Alta llegaron 12 propuestas en materia de seguridad ciudadana y otras 15 orientadas a la prevención, atención, respuesta y reactivación ante el FEN.
Entre las siete agregadas en comisión, seis están vinculadas a seguridad ciudadana y una al FEN.
Aunque el debate anterior en la Comisión de Constitución del Senado estuvo marcado por un ausentismo que casi trabó el avance de la propuesta (participaron siete de los 12 senadores que la integran), Carlos Mesía (Fuerza Popular), presidente de ese grupo, inició la sesión de este debate reconociendo que se pudo llegar a un consenso para que la propuesta se eleve al Pleno.
“Quiero empezar expresando mi reconocimiento y agradecimiento a todos los senadores que han contribuido a que la comisión pudiera alcanzar un acuerdo y aprobar este dictamen que permite que hoy estemos debatiéndolo en el Senado (...) No fue un debate sencillo, hemos tenido diferencia; hemos discutido posiciones distintas”, expuso Mesía.
El discurso de Mesía también estuvo orientado a resaltar que agregar siete medidas al texto sustitutorio no significa desvalorar el trabajo de la Cámara de Diputados.
“El presente dictamen no significa desconocer, ni desmerecer el trabajo realizado por la Cámara Baja (...) La propuesta remitida por la Cámara de Diputados fue recibida y examinada con el mayor respeto institucional; reconociendo su esfuerzo de diálogo y consensos que permitió alcanzar un primer acuerdo sobre las 20 facultades legislativas aprobadas”, expresó.
Mesía señaló que, con ese espíritu, la Comisión de Constitución respetó los ámbitos materiales aprobados por la Cámara de Diputados, pero –además– incorporó precisiones, mecanismos de seguimiento y control, “así como siete facultades adicionales que consideramos complementan y fortalecen las medidas inicialmente propuestas. De esta manera, pasamos de 20 a 27 facultades legislativas”, apuntó.
¿Servirán las medidas?
Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors, destacó la aprobación del Senado para que se pueda modificar la normativa que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado (Ley 29230).
Uno de los alcances, por ejemplo, es ampliar el ámbito de aplicación de la modalidad de Servicios por Impuestos (SxI) en las materias de gestión del riesgo de desastres.
“Considero que este punto es sumamente positivo y favorable. Ampliar el mecanismo de SxI para incluir la gestión del riesgo de desastres, la infraestructura de defensa civil y la construcción de viviendas rurales para damnificados permitiría aprovechar la participación privada para atender necesidades urgentes”, indicó.
También destacó lo relacionado a simplificar los procedimientos para ejecutar inversiones de emergencia y facilitar la participación del Gobierno nacional en proyectos de competencia regional, local y de universidades públicas. “Esto puede reducir plazos y aprovechar capacidades técnicas disponibles”, mencionó.
Ronald Fernández Dávila, socio de PPU, valoró que se va a poder ajustar el marco normativo general de los procedimientos administrativos, entre otros.
“Permitiría reformas al marco general de procedimientos administrativos (LPAG) para reducir cargas a los administrados: eliminar requisitos duplicados e información que ya posee el Estado, así como estandarizar requisitos de procedimientos equivalentes. Esto permitiría reducir los tiempos y la predictibilidad de los procesos a nivel transversal en la administración pública”, señaló.
También reconoció que establezca un procedimiento simplificado para la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR de Emergencia).
“Propone reducir el proceso de selección de 31 a 14 días hábiles para las IOARR de Emergencia, aplicando la contratación directa de la empresa privada con solo especificaciones técnicas y económicas aprobadas por el titular de la entidad. Su relevancia radica en acelerar intervenciones urgentes ante El Niño”.
De igual manera, Fernández Dávila destacó que se podrán aprobar medidas para optimizar y agilizar la liberación de interferencias necesarias para la ejecución de obras de infraestructura.
“Se trata de eliminar un cuello de botella recurrente: la obtención de autorizaciones municipales para retirar o reubicar redes de agua, electricidad o telecomunicaciones que interfieren con obras. El dictamen identifica que demoras en adquisición predial y liberación de interferencias generan sobrecostos, retrasos y conflictos sociales”, indicó.
El debate
La senadora Nora Bonifaz (Buen Gobierno) mencionó que lo ocurrido con la delegación de facultades revela dos maneras de entender la política: “acuerdo para responder necesidades del país o imponer una voluntad aprovechando la mayoría parlamentaria”.
A su turno, Mirtha Vásquez (Ahora Nación) dijo que hoy no se decide si se delega o no facultades al Ejecutivo para las materias que les interesan. “Nuestro voto dirime algo más fundamental; decidiremos si avalamos un golpe a la Cámara de Diputados y si consideramos la concentración de poder en un grupo autoritario de este Senado”.
En su intervención, Patricia Juárez, del oficialismo, exhortó a los senadores a que la sesión se lleve en los mejores términos, en referencia a los comentarios de la senadora Vásquez.
Edynson Morales (Juntos por el Perú) manifestó que lo que se está viendo es un 5 de abril, en alusión al golpe de Alberto Fujimori. “Cuando la Cámara de Diputado rechazó 66 puntos, apareció mágicamente en la Comisión de Constitución. Ese dictamen que nunca se debatió, se aprobó (...) se ha violentado la Constitución y el reglamento”.
Por su parte, Lourdes Alcorta (Renovación Popular) defendió el trabajo realizado en la Comisión de Constitución. “La pregunta es, ¿por qué no han dicho todo esto en la Comisión de Constitución?”, planteó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
