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El Estado puede requerir servicios profesionales de privados, por lo cual celebra contratos de locación u órdenes de servicio. Los servicios contratados pueden variar entre opiniones legales, marketing, diseño de infraestructuras, entre otras.
Sin embargo, la contratación de privados para realizar servicios profesionales podría estar en riesgo como consecuencia de una nueva posición asumida por la Fiscalía con relación a los casos vinculados a la empresa Odebrecht, donde indican, de manera genérica, que toda persona que presta dicho tipo de servicio deberá ser considerado un funcionario público.
¿En qué afecta la contratación de privados dicha postura?
Básicamente, los privados podrían ser acusados de delitos de corrupción, pese a que dicho tipo penal solo aplica para personas que laboran en el Estado.
Por ejemplo, si un arquitecto presta un servicio al Estado dentro de un procedimiento y luego se determina que hubo corrupción en dicho caso, la investigación alcanzaría al arquitecto, quien podría no haber tenido nada que ver con lo ocurrido a nivel del gobierno.
Ello llevaría a que menos gente quiera contratar con el Estado, señalan expertos.
Crítica a la postura
“Obviamente no se va a querer contratar con el Estado si se fuerza esta figura y ello va a llevar a que esté peor atendido”, indica Natale Amprimo, socio del estudio Amprimo y abogado constitucionalista.
Amprimo agrega que “no es que un abogado u otro profesional no quiera responder por un mal consejo o un mal trabajo. En efecto, si hubo un real caso de colusión debe responder por el mismo, pero como privado. No es que no responda. El problema está en que no se fuerce una figura por un tema de ampliar plazos para denunciar a personas o para darles mayor pena”.
“Lo dicho por la fiscalía es preocupante para cualquier consultor, sea un comunicador, un arquitecto o un abogado”, añade Juan Carlos de los Heros, socio del estudio Echecopar, quien señala que es necesario que se defina el tema lo antes posible o se podría afectar el buen funcionamiento del Estado.
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La posición de Servir
Buscando esclarecer las preguntas que genera la nueva posición de la Fiscalía, Servir, la entidad encargada de administrar a los trabajadores del Estado, emitió un informe con respecto al tema.
En el mismo, indicó que “De acuerdo con el criterio jurisprudencial y legal (…), la prestación de servicios autónomos que realiza un personal o las consultorías privadas (ambas mediante contratos de locación u órdenes de servicios) que presuponen realizar un servicio específico externo o en un área específica o insertada dentro de una organización estatal, no califica como función pública, sino como la prestación de un servicio de un tercero”.
Es decir, Servir considera que la Fiscalía se encuentra errada en su razonamiento.
La resolución final que determine este asunto, sin embargo, no se verá hasta el final del proceso siendo seguido por la Fiscalía, para lo cual podrían pasar meses.
