El Perú incumpliría, por segundo año consecutivo, la regla de déficit fiscal, en un contexto de limitados ingresos, pero también de un importante componente de gasto, entre el que destaca los orientados a las remuneraciones.
Los expertos consultados para este informe coincidieron, como punto de partida, en que la asignación de recursos para salarios en el sector público es un tema “delicado” y que ha crecido de manera significativa en los últimos años.
Gestión revisó que, entre el 2018 y el 2024, el presupuesto destinado al pago de retribuciones y otros complementos en efectivo para el personal activo del sector público con vínculo laboral, incluyendo a los de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), creció en más de 70% desde los S/41,857 millones hasta los más de S/71,215 millones. El mayor incremento interanual se dio entre el 2023 y este año con casi un 27%. Esto es equivalente a la inyección de S/15,134 millones para este fin.
Puntualmente sobre los trabajadores bajo CAS, en el 2023, los recursos destinados para este pago fueron de casi S/13,700 millones, un 46% más que en el 2018. Desde el 2021, los recursos bordean los S/14,000 millones.
Carlos Oliva, expresidente del Consejo Fiscal, señaló que, globalmente, los incrementos del gasto destinados a las remuneraciones son necesarios, pero finalmente determinará su utilidad lo que se esté financiando.
“El uso de recursos para remuneraciones se tiene que hacer de otra manera, para financiar la nueva ley de servicio civil, en lugar de nuevos puestos CAS o de locadores de servicios. Esto último, que es lo que viene ocurriendo en el país, es la peor manera de generar institucionalidad”, observó.
Adrián Rodas, CEO y fundador del Instituto Pulso Fiscal, sostuvo que las remuneraciones son uno los gastos más rígidos y que ha crecido con bastante dinamismo. Para el 2024, el crecimiento se dio desde un inicio en su proyecto de presupuesto público.
“Nació con una asignación fuerte en remuneraciones por más de S/10,000 millones. En lo que va del año, hasta agosto, los salarios muestran un crecimiento de 9% respecto al acumulado del año pasado. El magisterio y el sector salud concentran el 70% del aumento total”, anotó.
Rodas agregó que el incremento de salarios, sumado a un importante gasto en inversión pública, generan mayores presiones deficitarias en las finanzas del país.
Se establecen topes
En este contexto de incrementos remunerativos significativos, en el proyecto de ley de presupuesto público, el Gobierno incluyó un artículo sobre el gasto de personal y así “garantizar la sostenibilidad fiscal”.
Con esto, se propone establecer para los pliegos del Gobierno nacional y los gobierno regionales un tope máximo de números de plazas bajo el régimen de CAS.
Un análisis del Instituto Pulso Fiscal apuntó que el Gobierno nacional tendrá un máximo de 163,100 puestos CAS como límite, considerando ministerios, otros organismos de su nivel de gobierno, organismos autónomos, Poder Judicial, universidades públicas y Congreso de la República. En tanto, a nivel de gobiernos regionales, el límite es de casi 95,000.
Rodas señaló que, institucionalmente en el aparato estatal, no existe un límite sobre las remuneraciones o el personal que se contrate. Uno de los mecanismos que se usa para controlar el gasto es el que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante un aplicativo de gestión de recursos humanos. Ahora, con esta medida que establece topes, se estaría dando un paso más.
“Ya el MEF está observando con bastante preocupación el crecimiento de remuneraciones. Son dos años con variaciones fuertes. Para el 2025, entonces, se está poniendo algunas restricciones, en su rol de rector de las finanzas públicas”, comentó Rodas.
Al respecto, Oliva consideró como “una buena intención” esta propuesta de tope, aunque señaló que no deja de ser solo “un parche” ante la problemática de las modalidades de trabajo en el Estado. Lo que debería ocurrir no es regular los CAS, sino impulsar la migración al servicio civil, agregó.
Puntualmente sobre los CAS, Oliva señaló que son contratos precarios y que “muchas veces” los concursos públicos que se realizan están dirigidos.
“No tienen las garantías que tiene un contrato de servicio civil, con capacitaciones, evaluaciones, realizar una carrera pública y más. Con los contratos CAS estamos aumentando la precarización del servicio civil”, criticó Oliva.
Juan José Martínez, expresidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), indicó que, en general, la situación actual de recursos humanos en el Estado es “lamentable y está a la deriva”. En el caso de los CAS, comentó que, independientemente del incremento en las plazas y los costos, resulta grave que no se observe una mejora de la eficiencia en los servicios que presta el Estado.
“El problema de fondo es que se está pagando más salarios y a más personas y no se está traduciendo en una eficiencia del Estado. Estamos tirando una inversión fuerte en saco roto. A nadie le preocupa el sector público”, apuntó.
Martínez anotó que, si bien la medida representa un avance, se está dejando fuera a los gobiernos municipales, donde “nadie tiene un control”. A esta observación sumó que se abarca solo los contratos CAS, cuando los de locación de servicios también representan un gasto de remuneraciones.
Rodas explicó que, usualmente, el incremento de los contratos CAS responden al cumplimiento de acuerdos de negociación colectiva y leyes que se aprueban desde el Congreso sobre el incremento del número de trabajadores.
Martínez añadió que también hay una serie de contingencias que se han venido creando a partir de que el Poder Judicial reconoce vinculaciones laborales en casos de CAS y locadores de servicios. “Se está haciendo una bola de nieve”, subrayó.
Mejorando el servicio civil
Oliva recordó que la ley de servicio civil ya tiene 11 años de aprobada. Inicialmente, se estimaba que los trabajadores públicos migren a este régimen en el lapso de siete años, pero los avances han sido mínimos.
“El mismo Estado se complica. En lugar de impulsar medidas para implementar el servicio civil, se enfocan en regulaciones como los contratos CAS. Quienes deben asumir este cambio es, políticamente, la Presidencia del Consejo de Ministros y, en efectos prácticos, el MEF junto a Servir”, comentó.
Oliva añadió que otro de los problemas que genera el incremento de las plazas y salarios de este tipo de contratos es que resulta difícil luego reducirlos.
Para Martínez, lo que debe ocurrir es “un real dimensionamiento” del personal que labora en las entidades públicas. A su análisis, el injustificado exceso de personal que existe responde a que el nivel de productividad es baja. Por esto es que un mayor número de trabajadores tiene que cubrir este déficit.
“Urge que se implementen sistemas de evaluación de desempeño, de impacto sobre la eficiencia. El tema más importante es lograr tener servidores no solo que sean adecuados, sino que también sean eficientes”, puntualizó.
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Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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