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El proyecto de irrigación Olmos –actualmente operada por Odebrecht– en el ojo de la Contraloría. El último informe de auditoría No. 5658 –que escudriño la operación entre el 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2018– a la que Gestión.pe tuvo acceso reveló que el Gobierno Regional de Lambayeque amplió el plazo de la concesión, inaplicó una serie de penalidades y entre otros aspectos, que generaron un perjuicio económico de US$ 17.9 millones.
¿Qué hechos encontró la Contraloría? Que durante la excavación del Túnel Trasandino –una de las obras que forman parte de la concesión– y al amparo del primer párrafo de la clausula 3.3 del contrato suscrito con Odebrecht (que contempla que ante la demora o atraso en el cumplimiento de las prestaciones por causas no imputables a la concesionaria, corresponde la extensión del plazo de la concesión), la empresa solicitó la ampliación del período de concesión, a consecuencia de la ocurrencia de estallidos de roca durante la excavación del túnel, que no habrían estado previsto en su propuesta técnica.
La Contraloría detectó que pese a que Odebrecht no acreditó el cumplimiento de lo establecido en la clausula 3.3 del contrato de concesión, ni que los estallidos de roca señalados en su solicitud de ampliación fueron distintos a los contemplados en su propuesta técnica y expediente técnico, ni tampoco sustentó la cantidad de días de atraso que tales hechos le habrían ocasionado, el Proyecto Especial Olmo Tinajones (PEOT) y el Gobierno Regional de Lambayeque aprobaron su solicitud viabilizando el otorgamiento de la referida ampliación por un total de 819 días calendarios, lo que evitó que se apliquen penalidades hasta por US$ 9’000,000.00.
Asimismo, halló que Odebrecht solicitó al Gobierno Regional de Lambayeque el pago de US$ 71.6 millones por el perjuicio económico financiero y mayores costos de obras (por al atraso en la excavación del túnel) y pidió –sin sustento– la posibilidad del pago al contado de dicho monto, lo que no estaba prevista en el contrato de concesión.
Ante ello, el Gobierno Regional de Lambayeque reconoció US$ 33.6 millones por concepto de perjuicio económico financiero.
Al no estar contento con el cálculo, la constructora y el gobierno regional suscribieron una transacción extrajudicial en la que se acordaron, reconocer el monto del perjuicio económico financiero calculado por Odebrecht y modificar –sin una adenda– las reglas previstas en la clausula 3.3 del contrato de concesión para determinar dicho perjuicio.
Incluso, como parte de este acuerdo –alertó la Contraloría– se incluyó la participación de dos expertos con opinión vinculante. Sobre este punto, se halló que el gobierno regional pagó el honorario de uno de los expertos (US$ 209,068.86), obligación que le correspondía al concesionario (Odebrecht).
Así, sin sustento y sin contar con el pronunciamiento previo del Gobierno Regional de Lambayeque, el PEOT pagó al contado a Odebrecht US$ 49.3 millones.
“En consecuencia, el concedente (Gobierno Regional de Lambayeque) no aplicó penalidades y en mérito de la implementación de los acuerdos adoptados en la transacción extrajudicial, el PEOT pagó indebidamente: los honorarios de uno de los expertos (US$ 209,068.86); los mayores costos de obra (US$ 5′684,000.00) y el costo financiero del perjuicio económico (US$ 3′010,000.00) contraviniendo la normativa aplicable de APP, lo que generó que el concedente y el PEOT generen un perjuicio económico en agravio del Estado por US$ 17.9 millones”, apuntó el reporte de auditoría.
[Lea aquí la auditoría realizada al proyecto de irrigación Olmos]:
