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La Contraloría General de la República le ha puesto la puntería a la designación de funcionarios de confianza de las autoridades regionales y municipales que iniciaron gestión en enero de este año.
En julio la institución de control, junto con Servir, iniciarán un megaoperativo para revisar si los funcionarios mencionados cumplen con los requisitos solicitados para cada uno de los puestos que ocupan, tanto en experiencia profesional como formación académica.
El contralor de la República, Nelson Shack, explicó a Gestión que este operativo se realizará porque ya han llegado denuncias contra funcionarios de confianza tanto en municipios como en regiones.
Antecedente del megaoperativo a nuevos funcionarios de confianza en regiones y municipios
Según Shack, en el operativo se revisará la designación de entre 7,000 y 8,000 funcionarios de confianza a nivel nacional. Esta cifra será similar a la que se examinó en el 2019, cuando se hizo un control similar a las autoridades que iniciaron en dicho año.
De acuerdo con el informe final del 2019, fueron 7,574 funcionarios fiscalizados de un total de 332 gobiernos regionales y locales. Se realizó operativos en los 25 gobiernos regionales, 48 municipalidades de Lima y Callao, 63 municipalidades provinciales y 196 municipalidades distritales. Estos dos últimos son una muestra de los más de 1,800 municipios que hay en todo el país.
De este total, se identificaron 2,609 funcionarios, es decir, el 34% del total, que no cumplían con los requisitos exigidos para los puestos. Pese a que se advirtió a las entidades de estas deficiencias, muy pocas tomaron acción.
“Ahora eso ya no va a pasar, porque si encontramos que hay irregularidades en la designación de esos funcionarios vamos a actuar, los vamos a procesar e inhabilitar”, advirtió Shack.
La Contraloría recuperó su capacidad sancionadora, y por ello podrá actuar si encuentra problemas en los nombramientos de los funcionarios de confianza. Este año procesará a cerca de 1,000 funcionarios que ha detectado en casos de corrupción e inconducta funcional durante el 2022, los cuales pueden ser inhabilitados.
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