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En la víspera, el pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que suspende el cobro de peajes en todo el país por el estado de emergencia decretado por el Gobierno para contener el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.
La norma fue propuesta por el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, quien durante la sustentación del proyecto indicó que dicha iniciativa busca proteger a los empleados de las concesionarias que exponen su salud en las garitas de todos lo peajes a nivel nacional.
“La presente medida es de carácter excepcional y temporal y obedece a la emergencia pública nacional por la pandemia Covid-19”, precisa la ley aprobada.
Horas antes del debate y posterior aprobación de la norma, las empresas privadas que administran carreteras, agrupadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), informaron que durante el Estado de Emergencia para contener el coronavirus no se estba cobrando peaje a los vehículos que transportan personal médico y de salud, ni al personal de las fuerzas armadas y policiales.
En tanto, continuaban los trabajos de mantenimiento en las vías nacionales, disponiendo del personal, equipos y maquinarias para el auxilio vial, despeje de vías afectadas por la nevada, entre otros, cumpliendo los contratos de concesión y con estrictos protocolos de sanidad para salvaguardar la salud de todos sus colaboradores. De este modo, señalaron que las medidas implementadas -en este caso la propuesta del Congreso hoy aprobada- generarán un costo importante para el sistema de carreteras a futuro.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), informó que un total de 56 peajes a nivel nacional, entre públicos y privados, dejaron de cobrar por pase de vía durante el estado de emergencia.
Explicó que de los 56 peajes, 32 son administrados por la empresa privada y 24 por el MTC, a través de Provías Nacional.
El impacto
Al respecto, el abogado Ronald Fernández Dávila, socio de Infraestructura y Proyectos del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), explicó que en el país se cuenta con contratos de concesión viales bajo la modalidad cofinanciada y la autofinanciada.
Así, indicó que en el caso de los contratos viales cofinanciados, las empresas realizan el mantenimiento y operación de una carretera a través de los ingresos del peaje que reciben, pero de no existir demanda -en este caso producto de la emergencia nacional- el Estado cofinancia esas actividades, de manera que los pagos a la empresa por estos trabajos, continúan.
“Sino hay peaje, el Estado está igual obligado a pagar el confinanciamiento por la operación y mantenimiento. Igual está está obligado a pagar el mantenimiento de estas carreteras que son por acuerdo con el Estado”, explicó.
En cuanto a los contratos viales autofinanciados, explicó que estos sí dependen del ingreso de los peajes para realizar los trabajos de mantenimiento y operación, de manera que “el hecho de dejar sin ingresos a esos concesionarios es complicado”.
De este modo, señaló que una ley no es el mecanismo para impedir que un concesionario no cobre el peaje porque se está modificando el contrato.
“Lo que tendría que haber hecho el Estado es llegar a un acuerdo con los concesionarios en el cual efectivamente se acuerde no cobrar peajes con alguna compensación o suspendiendo algunas labores, porque hoy en día hay muchas empresas no están trabajando, pero en el caso de los concesionarios, siguen operando”, dijo.
