:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/6KDBEFLM5JFIVGFE6I7GAV2GTA.jpg)
Las compras públicas representan una propuesta que apoya a la agricultura familiar, pero esta será óptima siempre y cuando se garantice que lo que se compre sea de una calidad y precio igual al producto que puede ser importado, indicó el economista Jorge Gonzales Izquierdo.
“Si se compra de mala calidad y a mayor precio se estaría ayudando solo a los pequeños agricultores a la par de estar perjudicando a muchos peruanos. En este caso no sería a través del consumo, porque los productos serían usados en programas sociales, pero sí a través de un mal uso de nuestros impuestos, dado que el Estado lo paga”, señaló.
Pedro Castillo anunció, como parte de la llamada “segunda reforma agraria” un programa de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar por S/ 300 millones, durante los próximos 12 meses, a través de los programas sociales y alimentarios de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Daniel De la Torre Ugarte, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), señaló que si el pago establece un precio por encima del precio de mercado, como un subsidio, entonces probablemente sea de “corta vida”. “Sería más potente promocionar el enlace de la agricultura al mercado global en lugar de subsidios de corta duración”, indicó.
Añadió que esta es una medida que ya se ha venido aplicando al día de hoy. “Qali Warma promueve esto y hay otros instrumentos del Estado en donde este participa como consumidor del sector agricultura, parece algo nuevo, pero no. En ese sentido, en el mejor de los casos la propuesta tendría un efecto marginal, aún falta claridad”, afirmó.
Sobre el crédito agrario
Gonzales Izquierdo consideró que si se subsidia el crédito solo a la agricultura familiar sería contraproducente, pues la agricultura no solo se reduce a ese sector. Esto aplicaría también para los fertilizantes, los cuales serían entregados a menor precio a los pequeños agricultores.
“Se está poniendo al crédito agrario varios precios, y esto lleva a corrupción, según la experiencia peruana y latinoamericana. Esto nunca ha tenido éxito”, indicó.
Que consigan o no los resultados, va a depender de las instituciones que van a canalizar los recursos, sea el caso de los gobiernos regionales, municipales, Agrobanco, Banco de la Nación, Cofide, entre otras. “Si estas instituciones no trabajan bien, cuando se canalicen los recursos a través de ellas, entonces no habrá un gasto de calidad. El gobierno no ha anunciado casi nada en medidas para aumentar la calidad de estas instituciones”, señaló.
El investigador de la UP, por su parte, indicó que el éxito de este tipo propuestas depende en gran medida de la capacidad de gestión del Estado. “Lo que se requiere es una inversión en capital humano del Estado, pues hay una debilidad institucional que hay que corregir. Se ha generado una expectativa a los agricultores, pero la capacidad de responder a esa expectativa es sumamente limitada”, manifestó.
Sobre franja de precios
Según Gonzales Izquierdo, el gobierno tiene como estrategia principal la restricción de importaciones con el fin de llenar el espacio con la agricultura familiar; sin embargo, la evaluación debe ser minuciosa. “No todas las importaciones son tramposas, lo que pasa es que en el resto del mundo producen de manera más eficiente. Si se restringe sin evaluación previa, el consumidor podría verse afectado por el aumento en precios. Por favorecer a parte de los agricultores se puede perjudicar a muchos otros”, indicó.
Respecto a la franja de precios, indicó De la Torre Ugarte, se debe tener en cuenta los impactos ambientales que podría producir esto, pero sobre todo el impacto en la canasta familiar.
“El maíz amarillo duro es uno los cultivos que juegan en la deforestación en la Amazonía, cosa que se debe tomar en cuenta. Por otro lado, una franja de precios para el maíz amarillo, arroz, leche y azúcar que llegue a niveles más altos va a tener un impacto directo en la canasta familiar principalmente golpeando a los de menores ingresos. No se trata solo de pensar en los agricultores sino evaluar quien es el que va a pagar el mayor precio”, afirmó.
Desarrollo integral
La reformas (tecnología, crédito, subsidio) en favor de los agricultores deben tener como eje transversal, según Gonzales Izquierdo, la mejora del capital humano, pues sino no se llegaría al efecto esperado. “En este momento no tienen (los agricultores) capacidad de absorber el progreso tecnológico, se debe dar mayor importancia a este aspecto”, agregó.
En el mismo sentido, De la Torre Ugarte señaló que la reforma debe ser integral; es decir, que cualquier tipo de subsidio debe estar acompañado de capacitación. “Además de las capacitaciones, las reformas deben estar acompañadas de un plan para ampliar el mercado, pues si no los precios estarían presionados a bajar. En este punto se debe aprovechar la capacidad de los medianos y grandes exportadores”, indicó.
