En enero de cada año a los operadores de algunas de las carreteras concesionadas al interior del Perú les toca aplicar ajustes a sus tarifas de peajes conforme a las condiciones que prevén sus contratos, pero este periodo anual comienza con dificultades para su cobranza en algunas rutas.
En lo que va de este mes, de un total de 16 carreteras concesionadas, son al menos cinco las empresas operadoras que han aplicado incrementos en el valor de sus peajes, y que empezó a regir desde el 10 de enero.
Sin embargo, en algunos casos las inversiones comprometidas en esas concesiones no están aún concluidas, según reportes oficiales del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) a diciembre y reclamos de gremios de transportistas.
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¿En qué vías se ajustan tarifas este mes?
Las que han aplicado alzas son la empresa Covisol, a cargo de la carretera entre Trujillo y Sullana; la concesionaria IIRSA Norte, que opera la vía de Paita a Yurimaguas; Deviandes, operador de la Carretera Central; Intersur Concesiones, encargado del Tramo 4 de la interoceánica sur; e IIRSA Sur, que opera los tramos 2 y 3 de esa misma vía.
En el caso de Covisol, que maneja la denominada Autopista del Sol, por ejemplo, las tarifas varían entre sus cinco estaciones de peajes, con alzas que van desde 1.92% hasta 2.94% con respecto a las tarifas del 2024.
En cuanto a IIRSA Norte, sus peajes pasan de S/ 8.80 (en el año 2024) a S/ 9.10 para vehículos livianos (alza de 3.40%) además de las variaciones correspondientes según la cantidad de ejes de cada vehículo.
Para Deviandes, la cobranza pasa de S/ 8.10 a S/ 8.30 para vehículos ligeros (ajuste de 2.46%), entre otras variaciones en las demás rutas concesionadas, según cada estación de cobranza y la cantidad de ejes adicionales de cada vehículo.
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Oposición al cobro
Sin embargo, la aplicación de estos ajustes en algunos casos enfrenta oposiciones de transportistas, y en otros, dificultades impuestas por autoridades ediles y hasta provenientes de fallos judiciales, según advierte Ositrán.
En Junín, tras los aumentos tarifarios que aplicó Deviandes, transportistas expresaron su descontento y ante lo cual días atrás contingentes policiales resguardaban la estación de peaje de Quilla, en la Carretera Central, en previsión de protestas de los conductores.
Al respecto, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones – UNT-Perú, refirió que la protesta de su base en Junín es porque el volumen de vehículos que transitan por la Carretera Central -señaló- se habría triplicado en los últimos años y aumentado en la misma medida los ingresos por peaje.
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Tal situación, refirió, debería haber llevado, al contrario de un alza, a una reducción en las tarifas, por cuanto el concepto de cobro, además del mantenimiento, incluye un monto destinado a nueva infraestructura, pero en esa vía, afirmó, no se han realizado nuevas obras.
En general, Marchese refirió que hay diversas vías concesionadas donde se están aplicando incrementos de peajes, pero sin haber concluido obras previstas como pasos a desnivel, bermas, óvalos, entre otras.
En efecto, según cifras de Ositrán a diciembre del 2024, de las 16 concesiones viales que supervisa, hay 12 que aún no han concluido sus inversiones comprometidas, y entre las que figuran algunas que ahora han subido tarifas.
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Inversiones no ejecutadas
De un total de US$ 5,453 millones de compromisos de inversión asumidos por esas 16 concesiones, que se adjudicaron entre los años 2003 y 2024, hasta diciembre último acumulaban US$ 4,948 millones, es decir restan aún por invertir US$ 502.2 millones.
Consultada sobre el tema, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, refirió que el incumplimiento de las inversiones es ocasionado -muchas veces- por la falta de entrega de terrenos por parte del Estado a las concesionarias.
“Los contratos están hechos de una forma que, mientras que ellos (los concesionarios) cumplan sus obligaciones, pueden cobrar peaje”, anotó, aunque señaló que últimamente han surgido diversos problemas que afectan el cobro de peajes.
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Precedente judicial en contra
Un reciente reporte de Ositrán advirtió que se estaba generando un precedente en contra a raíz de una sentencia de hábeas corpus en atención al reclamo de un ciudadano contra la Concesionaria Peruana de Vías Covinca (encargada del tramo vial de Desvío Quilca a Matarani), por supuesta vulneración a su derecho al libre tránsito.
Ese fallo había dispuesto, en parte, la eliminación del cobro de peajes si no existía una vía alterna, lo cual, según el regulador, podría comprometer el mantenimiento y operación de las carreteras concesionadas.
Al respecto, la presidenta de Ositrán refirió que, si bien hace poco se ha declarado infundada esa parte de la sentencia judicial, el tema aún está pendiente de resolverse en última instancia, y es probable que se eleve al Tribunal Constitucional.
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Injerencia edil
Por otro lado, Zambrano refirió que el alcalde de Virú ha generado también un mal precedente al haber construido un desvío, en un sector de la Red Vial 4 (tramo de la Panamericana Norte entre Pativilca y Trujillo), a causa de lo cual circulan vehículos evitando el pago de peajes (a la concesionaria Autopista del Norte - AUNOR).
“El caso de Virú nos preocupa (…) eso genera un pésimo precedente, porque implica que cualquier tercero (en otra concesión) podría hacer un desvío a la carretera impidiendo que se cobren peajes, y eso nos genera una serie de contingencias graves”, observó.
Esta situación, advirtió, podría derivar en que la concesionaria presente un reclamo al Estado por lo que se deja de cobrar allí.
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Concesionaria le gana al Estado
Eso podría suceder además, cuando, reveló, ya se tiene hoy una sentencia contra el Estado en el caso que planteó (en junio del 2020) la concesionaria Deviandes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por impedírsele la cobranza en el peaje de Ticlio, en la Carretera Central.
“Ya tenemos una sentencia del Ciadi que prácticamente está ordenándole al Estado peruano cumplir con compensar al concesionario por todo lo que no ha podido recuperar con el peaje. Es un problema grave que tenemos”, aseveró.
Recordó que la decisión del Estado de que no se cobre peajes en Ticlio ocurrió a raíz de la oposición social de pobladores de la zona, y que el Estado no había hecho uso de la fuerza para que ello se concrete.
Con cargo a confirmar exactamente los montos (de la compensación que se daría a la concesionaria), estimó que lo que se estaría requiriendo de pago al Estado podría ascender a los US$ 250 millones.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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