TC declara inconstitucional ley para incorporar a trabajadores CAS a regímenes laborales 276 y 728.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional, por mayoría, la Ley 31131 que disponía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales 276 y 728.

La norma prohibía la contratación de personal CAS y para quienes estaban contratados bajo esa modalidad les otorgaba el carácter de indefinidos, y deberían pasar a los regímenes de la actividad privada en el Estado o de la carrera pública tradicional.

La demanda fue presentada en la gestión de Francisco Sagasti ante el TC, sobre la mencionada ley, argumentando que afecta la política laboral y de servicio civil del Estado.

Por su parte, la actual gestión de Pedro Castillo decidió retirar la acción de inconstitucionalidad de la anterior administración. Sin embargo, la demanda debía seguir su curso, tal como lo indicaron los magistrados.

Costo que implicaba la eliminación del CAS

De otro lado, si se eliminaba el CAS, el Estado debía asumir el costo fiscal para financiar el incremento de los beneficios laborales de los trabajadores.

Entre los tres niveles de gobierno, son alrededor de 324,272 trabajadores los que se beneficiarán. De estos, 167,932 pasarían al régimen 728 y 324,272 personas al régimen 276.

Este traspaso de trabajadores CAS a los regímenes existentes, tendrá un costo que supera los S/ 4,200 millones. Para quienes pasan a 728, el gasto público sería de S/ 2,132. Mientras que el pase al régimen 276 costaría unos S/ 2,112 millones, acuerdo con los propios cálculos del Gobierno.

Efectos en la carrera pública

Entre los efectos que se han mencionado, es que con la propuesta se enterraba la reforma del servicio civil, denominada Ley Servir.

Aunque su implementación ha sido lenta, el régimen Servir formaba parte de esta reforma de ordenamiento de la planilla estatal.

“La idea de la ley Servir era que la gente pase a ese régimen y el grupo principal o más interesado era los que son CAS”, afirmó el expresidente de Servir, Juan José Martínez, en octubre pasado.

Explicó que para que esto se dé había dos incentivos. Uno es la estabilidad laboral y lo segundo es que al ser una nueva carrera pública iba a tener estructuradas remuneraciones y beneficios económicos distintos.

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