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Los efectos de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia no terminan de borrarse en el Perú, según el Banco Central de Reserva (BCR). A diferencia de otros episodios de crisis en los que luego de dos años sus efectos sobre las familias se disiparon, ahora, con el COVID-19, estos persisten en los hogares.
Usualmente, los análisis de los impactos del covid-19 en las familias están vinculados a la pérdida de empleo o ingresos, ya que estos fueron duramente afectados entre el 2020 y 2021, al punto que ahora han ganado terreno la informalidad (hay un millón más de informales que en el 2019, antes de la pandemia) y el trabajo precario, como el subempleo por ingresos, pues solo en Lima hay casi 1.5 millones de personas (400,000 más que en el 2019) trabajando más de 35 horas a la semana y ganando menos de S/ 1,153.41, que es el mínimo de referencia.
El BCR fue más allá y analizó siete “choques adversos” que han enfrentado las familias peruanas durante los últimos periodos de crisis, relacionados con la calidad de vida. El resultado fue que, a diferencia de la crisis financiera internacional del 2008-2009, en la que dos años después de su inicio los efectos sobre los hogares se habían difuminado, ahora con la crisis del COVID-19 dichas consecuencias subsisten a dos años de su inicio.
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“Se observa que la crisis del COVID-19 es más persistente, lo cual es más notorio al analizar la dinámica trimestral. En el primer trimestre de 2022, a dos años de iniciada la crisis del covid-19 en marzo de 2020, la incidencia de los choques se mantuvo 31% por encima de la misma en 2019. En cambio, para el primer trimestre de 2010 ya se había revertido en su totalidad el incremento de situaciones adversas observado entre 2008 y 2009″, afirmó el BCR.
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Análisis de los choques
Los siete choques adversos analizados por el BCR son: pérdida de empleo de algún miembro del hogar, quiebra del negocio familiar, enfermedad o grave accidente de algún miembro del hogar, abandono del jefe del hogar, hecho delictivo, eventos naturales y cualquier otra situación adversa en los últimos 12 meses.
En condiciones “normales”, menos del 25% de los hogares sufre al menos uno de los choches adversos mencionados. Sin embargo, en el Perú, al cierre del 2021, esta tasa llegó al 32% de las familias, superando al 29.6% que fue afectada en el 2008, la crisis previa que afrontó la economía peruana. Esta situación se ha venido arrastrando hasta el primer trimestre del año y, lejos de disminuir, la crisis sigue afectando a las familias.
De todos los efectos analizados, los que tienen mayor incidencia en el resultado son los económicos (pérdida de trabajo y quiebre del negocio familiar). El 17% de las familias peruanas ha tenido este choque, mientras que en años en los que no hay crisis la tasa no llega ni al 5% de los hogares. El segundo factor fue el de la salud (enfermedad o accidente grave) que afectó al 8.3% de las familias.
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Respuesta de las familias
De acuerdo con el BCR, en promedio, alrededor de nueve de cada 10 hogares que experimentan algún choque adverso reportan haber sufrido disminución de ingresos o pérdida de activos (bienes o patrimonio). La respuesta más común de las familias para hacer frente a esta situación es el uso de sus ahorros o algún capital. En los años previos al covid-19, menos de 20% de las familias tenía esta necesidad.
Con la llegada de la pandemia, esta cifra se duplicó, pues en el 2021 el 40.5% usó sus ahorros para enfrentar sus problemas económicos. Es decir, cuatro de 10 hogares utilizó esta opción, cuando antes del covid-19 la frecuencia era dos de cada 10.
En la crisis pandémica también se volvieron más comunes los recortes en la alimentación o consumo. Así, los hogares que hicieron uso de esta opción pasaron de 16.5% a 22.1% entre los años 2019 y 2021 (aumento significativo de 5.6 puntos porcentuales).
El apoyo del Gobierno es otro tipo de respuesta que se incrementa notoriamente al pasar de 2% a 15% en el mencionado lapso, lo que atañe directamente a las políticas de transferencias monetarias, programas sociales e intervenciones temporales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
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Según el BCR, los retiros de las cuentas de AFP y CTS han contribuido como apoyo al consumo de las familias durante la crisis, pero especialmente a las de mayores ingresos, ya que dichos beneficios laborales los tienen los trabajadores formales. “En los hogares de menores ingresos, es probable que las transferencias monetarias hayan sido el factor que evitó caídas más profundas del gasto”, añadió la entidad monetaria.
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Consumo privado será más débil en el 2023
En el Reporte de Inflación de setiembre, presentado el último viernes por el presidente del BCR, Julio Velarde, se redujo el estimado de crecimiento de Perú de 3.1% a 3% para el 2022 y de 3.2% a 3% para el próximo año. El consumo privado, que este año viene soportando el crecimiento de la economía, en el 2023 estaría más débil.
Para este año se estima que el consumo privado crezca 4.2%, pero se desaceleraría a 3.1% en el 2023. “En este menor crecimiento hay varios factores que influyen. Ayuda al gasto en consumo el retiro de CTS y de AFP ahora, pero va a impactar menos el próximo año”, refirió Velarde.
Precisamente el documento del Reporte de Inflación refiere que este menor crecimiento del consumo privado del 2023 se dará una vez se hayan disipado las fuentes de ahorro disponibles en el 2022, y por las menores expectativas de las familias sobre el futuro de la economía.
La confianza del consumidor, medida a través de la expectativa de los agentes sobre su situación económica familiar para los próximos 12 meses, disminuyó por segundo mes consecutivo en julio y se ubicó en el tramo pesimista, según la encuesta realizada por Apoyo.
Claves
Oportunidades. Para el BCR se torna indispensable el acceso a nuevas oportunidades para generar ingresos, ya que las familias afectadas vienen usando sus ahorros y disminuyendo su alimentación o consumo.
Recomendación. El ente emisor recomendó medidas para elevar el PBI potencial, como mejorar la calidad de los servicios de infraestructura y otras orientadas a incrementar la flexibilidad del mercado laboral para facilitar la absorción de trabajadores en empleos de calidad.
