A través de un Decreto de Urgencia, el Ejecutivo autorizó a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS – SIS) afiliar “independientemente de la clasificación socioeconómica” a toda persona residente en el territorio nacional que no tenga seguro de salud.
“Felicito la promulgación de este Decreto de Urgencia porque nos pone a todos en el camino de la universalización del aseguramiento en salud”, opina Flor de María Philipps, ex jefa de Susalud y directora del MBA en salud de la UPC.
En particular, destaca que, según la norma, los hospitales públicos deban publicar sus indicadores de desempeño en relación a calidad, procesos y resultados. “Eso le va a dar mucha transparencia al sistema porque el usuario podría entrar a la página web de un hospital y ver qué problemas tiene. Va a ser un gran incentivo que va a ayudar a mejorar el sistema de prestación de servicios”, considera la especialista.
También resalta la voluntad política de que en el Perú no haya ninguna persona desamparada. “Esa voluntad política siempre es el principio de todo. Hay que aprovechar la oportunidad, no hay que dejarla pasar”, asegura.
Para aprovecharla, sugiere trabajar intensamente en temas relacionados al financiamiento, la ampliación de cobertura, la implementación de mejoras en los hospitales, y la transparencia para mostrar resultados.
Philipps pone el foco en tres aspectos clave:
1.- Plan Esencial de Aseguramiento de Salud
Los ciudadanos ya no necesitan tener dinero en el bolsillo para pagar una atención médica, siempre y cuando su diagnóstico esté dentro del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS) actual. Sin embargo, este plan —que incluye 930 diagnósticos— no está actualizado. Eso quiere decir que si uno tiene el diagnóstico número 931, no va a poder atenderse de forma gratuita.
“Hay que actualizar el PEAS para cumplir con el mandato de la Ley 29344 que se promulgó en el 2009. Pero la actualización es un proceso técnico muy complejo que necesita tiempo, salvo que el Ministerio de Salud (Minsa) ya lo haya hecho y no lo haya comunicado”, dice Philipps.
La especialista explica que actualizar el PEAS no significa simplemente agregar una enfermedad nueva a la lista. “Hay que pensar cuántas personas van a demandar el servicio, cuánto va a costar y de qué manera se va a implementar. Los plazos son cortos y es un trabajo complejo que se tiene que hacer de manera responsable”, enfatiza.
2.- Gestión en hospitales
Los hospitales públicos están saturados, por lo que Philipps plantea buscar una forma —que va a tomar más tiempo— para que el derecho a la salud sea viable. “Uno tangibiliza su derecho de aseguramiento cuando pide una consulta y se la dan, no cuando se la niegan o le dicen que tiene que esperar tres meses, seis meses o un año para una operación”.
Además, le llama la atención que haya un plazo de solo 120 días para probar las disposiciones para mejorar la gestión y la eficiencia en los hospitales y centros de salud del Minsa y de los gobiernos regionales. “Específicamente piden que se implemente un sistema en línea para turnos y citas para todos los hospitales y establecimientos de salud del Minsa y de los gobiernos regionales. Eso es bien entusiasta, pero no creo que se cumpla en 120 días porque es un proceso técnico”, explica.
La norma también pide la automatización de los servicios de laboratorios e imágenes, la dispensación de medicamentos y la implementación de la contabilidad de costos. “Eso está muy bien, pero me parece que van a necesitar más de 120 días”, comentó Philipps.
A la ex jefa de Susalud también le preocupa la falta de preparación en gestión de los gerentes de establecimientos de salud. “Ahí hay una gran oportunidad de mejora”, dice.
3.- Financiamiento
Según el artículo 8 de la norma, todo lo establecido en el Decreto de Urgencia se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud.
“Para este año el presupuesto ya está agotado, y para el año 2020, el crecimiento del presupuesto es de alrededor de S/ 200 millones, pero está destinado a remuneraciones, así que ahí hay un problema: ¿cómo se va a financiar esto?”, cuestiona Philipps.