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Los peruanos elegirán el domingo a sus autoridades locales en un contexto marcado por una apatía ciudadana y la inestabilidad política del país, luego de un periodo electoral que ha puesto el foco en las regiones mineras, que registran récord de ingresos por impuestos y regalías.
En unas 84,300 mesas de sufragios que serán instaladas se elegirán a aproximadamente 13,000 autoridades, entre ellas a 25 gobernadores de igual número de regiones, además de alcaldes distritales y provinciales, incluyendo Lima, que alberga a casi un tercio de la población de la nación andina.
Solo 12 partidos políticos, el nivel más bajo en las últimas dos décadas, han presentado candidaturas para estos comicios regionales y municipales, frente a los 115 grupos independientes que postulan, según datos de la oficina electoral ONPE.
El partido Perú Libre, que llevó el año pasado al profesor Pedro Castillo a la presidencia, está presentado candidatos a gobernadores en la mayoría de las 25 regiones en disputa, entre ellas los bastiones mineros de Arequipa, Moquegua y Cusco.
Las regiones mineras en Perú, incluido Ancash y Cajamarca, han recibido como adelanto extra en lo que va del año un 77% de los equivalentes a US$ 2,575 millones de impuestos y regalías mineras del 2022, un récord por los mejores precios de las materias primas, según el Ministerio de Energía y Minas.
En Ancash opera la mina de cobre Antamina, una de las mayores del país sudamericano y controlada por Glencore y BHP, que espera del Gobierno el visto bueno de un estudio ambiental para extender la vida de su yacimiento hasta el 2036, con una inversión prevista de US$ 1,600 millones.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
En Arequipa, Moquegua y Cusco se ubican otras cupríferas como Southern Copper del Grupo México, Cerro Verde de Freeport-McMoRan Corp, Antapaccay de Glencore y Constancia de Hudbay.
Estas minas, además de Las Bambas de la china MMG Ltd ubicada en la región andina de Apurimac, enfrentan constantes protestas de comunidades indígenas pobres en demanda de mayores beneficios de la industria minera, conflictos que han provocado hasta el cierre temporal de sus operaciones.
Aplacar el conflicto social resulta clave porque las seis regiones mineras de Perú concentran el 85% de los US$ 53,000 millones en proyectos de inversión. El Banco Central pronosticó a mediados de septiembre que la inversión minera caería un 16.3% en el 2023.
Los gobernadores en Perú tienen la facultad de formular el presupuesto y administrar sus recursos en su región, pero sufren deficiencia en la capacidad de gasto y muchas veces tienen que revertir al gobierno central sus ingresos no invertidos.
La campaña para este proceso ha pasado casi inadvertida entre electores decepcionados de sus políticos - que frecuentemente son foco de denuncias o investigaciones de presunta corrupción- en un país que ha tenido hasta cinco presidentes en los últimos cinco años en medio de destituciones o dimisiones de jefes de Estado.
