(Reuters).- La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España, fue absuelta el viernes de acusaciones de colaborar en un fraude fiscal tras un juicio que se extendió por más de un año, en un escándalo vinculado a las actividades de su marido que provocó que la Casa Real cortara relaciones con ella y su familia.
Tras cinco años de indagaciones, la Audiencia Provincial de Palma dictaminó que la infanta Cristina no cometió los dos delitos de cooperación necesaria en fraude fiscal de los que se le acusaba, mientras que su marido Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel.
No obstante, la infanta asumirá una multa de 265.000 euros (282.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, que quedará cubierta por el pago de la fianza que realizó antes del juicio, cuya sentencia se conoce 11 años después de destaparse el llamado caso "Nóos".
El tribunal español determinó que Urdangarin cometió delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública y Hacienda y tráfico de influencias.
La fiscalía pedía 19 años de cárcel para el ex jugador olímpico de balonmano, que junto a su familia se había trasladado de residencia a Suiza. El escándalo llevó también a que la pareja perdiera el título de duques de Palma.
"Hemos depositado en la justicia una función y la ha ejercido en su plena independencia. Si se creía en la independencia cuando se hacía sentar en el banquillo a la infanta se tienen que creer ahora la absolución", dijo el abogado de la infanta, Miquel Roca, tras conocerse el fallo.
La absolución de la infanta coincide con la línea de la fiscalía, que no había presentado cargos contra ella. Fue la acusación particular de la organización Manos Limpias la que llevó por primera vez a un miembro de la familia real de España ante una corte de justicia.
Un portavoz de la Zarzuela contactado por Reuters no quiso comentar la sentencia y dijo que "la Casa Real tiene un respeto absoluto a la independencia del poder judicial". El dictamen no es firme y cabe la posibilidad de revocar la sentencia.
El mediático caso se centró en el desvío de hasta 6,2 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, dirigido entre 2004 y 2006 por Urdangarin, que habría aprovechando su estatus cercano a la monarquía para conseguir contratos.
La infanta declaró durante el juicio que ignoraba las actividades de su marido y desconocía cómo funcionaba Aizoon, una sociedad cuya propiedad compartía al 50 por ciento con Undangarin, sin apenas actividad y que era usada para desviar millones de euros de los contratos públicos de Nóos.
