Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, dio por terminada su colaboración eficaz con las autoridades judiciales peruanas, luego de que se dictara una orden de prisión preventiva en su contra, por el caso Gasoducto Sur.
Su abogado, Carlos Kauffman, refirió que su patrocinado ya no participará como testigo en más procesos que investiguen a Odebrecht y que la orden de detención es una “violación” del tratado bilateral de cooperación entre Brasil y Perú en el caso Lava Jato, por lo que apelará dicha medida.
Además, se prepara acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos e Interpol para impedir que Barata sea detenido. En ese sentido, Kauffman pedirá a la Corte Suprema de Brasil frenar la cooperación judicial con Perú en el caso mencionado.
¿De qué se acusa a Jorge Barata?
El pasado 10 de julio, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de la Nación dispuso incluir a Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, y solicitó 36 meses de prisión preventiva por este caso.
La investigación preparatoria considera a Barata cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado, al haber favorecido a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, así como en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur. El 19 de octubre, el Poder Judicial ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva contra el brasileño Jorge Enrique Simões Barata, exdirectivo de Odebrecht, en un caso vinculado a delitos de corrupción.
La prisión preventiva de 36 meses será efectiva una vez que Barata se entregue a las autoridades peruanas o sea extraditado, lo que implica la activación de la Interpol. El juzgado ha dado un plazo de diez días hábiles para que el investigado se ponga a disposición voluntaria, bajo el riesgo de emitir las órdenes necesarias para su detención si no lo hace.
Una vez detenido, Barata será internado en el establecimiento penitenciario que las autoridades peruanas determinen.