Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado.
Esto, luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera no observar la referida norma.
La ley, que fue aprobada en segunda votación en la Comisión Permanente el pasado 4 de julio, precisa que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel.
Además, en el texto se estipula que la Fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos.
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Respecto a los allanamientos a las viviendas y/u otro bien inmueble, se estableció que este procedimiento se realizará con presencia del investigado y de su abogado. En caso de no contar con este último, se le proporcionará uno de oficio.
Como era de esperarse, esta ley tendrá una implicancia directa en los procesos e investigaciones que se encuentran en curso. Es por eso que la Junta de Fiscales Supremos anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la norma en mención.
De todas los casos emblemáticos, en este momento hay dos que tienen todos los reflectores encima. Se trata de los casos ‘Cocteles’, que se encuentra en etapa de juicio oral, y ‘Los Waykis en la sombra’, cuyos presuntos integrantes, entre ellos, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, afrontan una orden de prisión preventiva que deberá ser resuelta este miércoles.
En esta nota, dos expertos evalúan las efectos de esta ley y de qué manera afectará a estos dos casos.
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Caso Cocteles
A todos ellos se les imputa los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Fujimori enfrenta un pedido de 30 años y 10 meses de prisión efectiva, así como una inhabilitación de 15 años y 5 meses y el pago de 730 días multa.
La misma pena se solicitó para los seis integrantes de la ‘cúpula’ de la presunta organización criminal enquistada en FP. Estos son: Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.
En diálogo con Gestión, el abogado penalista Carlos Caro indicó que los abogados de los investigados tienen todas las prerrogativas para solicitar ante el tribunal que el Equipo Especial Lava Jato reformule su acusación en base a los lineamientos de esta norma.
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“Hay que recordar que la teoría fiscal es que Fuerza Popular es un partido que tiene una cúpula enquistada en el poder y esa cúpula es la organización criminal. Desde esa perspectiva, el fiscal tendría que probar que esa organización criminal de la cual él habla tiene los requisitos de para ser una organización criminal bajo los efectos de la nueva ley. Entonces, para ello el fiscal tendría que fundamentar estos cinco elementos nuevos que se mencionan en la norma”, acotó.
En ese sentido, Caro remarcó que desde la Fiscalía no tendrían otra opción que mejorar su acusación, lo que debilitaría aún más el caso Cocteles.
Para el abogado penalista Andy Carrión, la acusación presentada por la Fiscalía en el caso Cocteles ya no puede ser corregida debido a que nos encontramos en pleno juicio oral.
Explicó a este diario que lo que corresponde es que los abogados de los investigados soliciten al juzgado que los procesos por organización criminal que pesan en contra de sus clientes sean archivados ya que no reunirían los requisitos exigidos en la nueva norma; sin embargo, sostuvo que los jueces optarán por tomar su decisión en la etapa final del juicio oral.
Recordó que ya hay un antecedente al respecto. En junio pasado, el abogado del Partido Nacionalista pidió al Poder Judicial que, en atención a la promulgación de la ley que exime de responsabilidad penal a las organizaciones políticas, excluya a su representado del juicio oral contra la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso Odebrecht.
Sin embargo, el tribunal que lleva a adelante dicho juicio oral declaró improcedente el pedido al señalar que los efectos de la ley aprobada por el Parlamento “se verían más adelante”; es decir, cuando se llegue a una etapa de sentencia.
Carrión consideró que esta ley posibilitaría que un grupo considerable de acusados del caso Cocteles sean beneficiados y hasta podrían salir absueltos, como por ejemplo, los abogados y los señalados como falsos aportantes.
“Hay acusados dentro del juicio oral que han señalado, por ejemplo, que participaron o que están acusados únicamente por uno o dos aportes a la campaña de Fujimori. Entonces, si es que la nueva ley exige que tengas un grado de interacción sofisticado y preminente con los demás actores de la organización criminal, la pregunta es: ¿alguno de estos tenían contacto directo con Keiko?, no, ¿coordinaban con la cúpula y tenían interacción?, no, En el caso de los abogados, pues no coordinaban actos delictivos, sino desplegaban actos de defensa con la cúpula. Esta ley va a ocasionar que decaiga el caso o que algunos de los acusados no sean condenados”, apuntó.
A su juicio, de los cerca de 47 acusados del caso Cocteles, un 50% podría salir absuelto tras la promulgación de esta ley.
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“Creo que todos los investigados del caso Cocteles van a pedir que se aplique esta nueva ley en sus casos. Por ejemplo, Keiko Fujimori podría decir que no ha coordinado con los aportantes y que no conoce a ninguno de ellos, pero de ahí a que la sala judicial acoja todos los pedidos, al final en la sentencia se sabrá”, manifestó.
Caso ‘Los Waykis en la sombra’
De acuerdo con la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), esta presunta red se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado al hermano de la presidenta.
Boluarte habría solicitado importantes sumas de dinero a los que ocupaban el cargo de prefectos y subprefectos, a quienes además se les exigía recolectar firmas y afiliar a personas a la agrupación política en formación. Todo esto gracias al apoyo de la presidenta, según contó el expersonero legal de Ciudadanos por el Perú, Edwin Ugarte, ante la Fiscalía.
El hermano de la jefa de Estado, de acuerdo con el organigrama de organización criminal, sería el líder de esta supuesta red criminal, mientras que Castañeda sería el “brazo legal” de la agrupación.
Respecto a este caso, Carrión adelantó que la Fiscalía tendrá que replantear las imputaciones contra lo investigados y adecuarlo a lo establecido en la nueva ley.
“Los investigados del caso ‘Waykis en la sombra’ podrían solicitar ante el juzgado, a través de una tutela de derechos, que la Fiscalía adecúe su investigación para que precise la imputación en contra de los investigados en base a la nueva norma. Hay mucha seguridad de que lo vayan a ganar”, aseveró.
En ese sentido, advirtió que es probable que el Poder Judicial rechace el pedido de prisión preventiva en contra de Boluarte, Castañeda y los demás implicados, siempre y cuando el requerimiento de la Fiscalía no venga acompañada de pruebas que demuestren un presunto entorpecimiento real y efectivo de la indagación.
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Más de 50 delitos ya no serían considerados como organización criminal
La ley también traería consigo otra consecuencia: más de 50 delitos ya no podrían ser juzgados como una organización criminal al no superar los seis años de pena, tal como lo establece la norma.
“La ley (anterior)consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora que han subido la valla están dejando fuera 59 delitos”, advirtió el exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, Ricardo Valdés.
Entre los delitos que quedarían fuera del alcance de la ley figuran tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de datos personales, así como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, falsificación de documentos privados, fraude en la administración de personas jurídicas, entre otros más.
En lo que respecta a delitos asociados a corrupción de funcionarios, también quedarían al margen la concusión, peculado, colusión simple, cohecho pasivo, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Carrión advirtió que con esta ley los jueces ya no estarían más abiertos a dictar prisiones preventivas o alguna medida limitativa de derecho contra una persona investigada por uno de estos delitos.
“Cuando uno investiga un delito en el marco de organización criminal puedes, por ejemplo, pedir prisiones preventivas hasta 36 meses, así como puedes acceder más fácilmente al secreto de comunicaciones, bancario, bursátil, etc. Entonces, las medidas para investigar a un organización criminal son mucho más invasivas; sin embargo, si es que investigas estos delitos de manera individualizada pues es poco probable de qué el juez en sí mismo te otorgue estas medidas porque no estás investigando una organización o una gran organización criminal”, cuestionó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.