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Tras la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso de la República del Perú parece haber sumado a un nuevo rival, con el que ya ha iniciado un enfrentamiento.
Se trata del Ministerio Público. La semana pasada, cinco legisladores presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, quien decidió incluir a 14 legisladores, entre ellos, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la investigación seguida contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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Al respecto, la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que rechazaron la presentación de la denuncia en contra de Espinoza.
“En las últimas horas se ha tomado conocimiento de una denuncia constitucional presentada por cinco congresistas investigados contra Delia Espinoza por presunta infracción constitucional e ilícitos penales (...) al respecto, la Junta de Fiscales Supremos y el Ministerio Público en su conjunto expresan su rechazo a la denuncia constitucional presentada por cuanto carece de sustento jurídico y fáctico”, se lee en el texto.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, explicó que se excusó de ver esta investigación al señalar que era inminente que “iba a ser convocado como testigo, dada su intervención en los hechos principales a investigar relacionados a la búsqueda de votos de congresistas para la inhabilitación de Zoraida Ávalos”.
En tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez respaldó la decisión tomada por Villena pues “estaba en la misma situación”.
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“La fiscal suprema Delia Espinoza expresa su estricto respeto a la Constitución y a las leyes, así como a las disposiciones emitidas por el fiscal de la Nación siendo, en ese contexto, que asumió la derivación de las investigaciones mencionadas para cumplir con sus funciones y atribuciones”, se lee en el comunicado.
¿Cómo inició este enfrentamiento entre Congreso y Fiscalía?
Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
Tras conocerse esta noticia, la respuesta desde el Parlamento no se hizo esperar. Los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional, junto a Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero Jon Tay, contra Delia Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a Benavides.
A la fiscal suprema se le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Además, se le acusa de haber cometido infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
En ese sentido, se pide que Espinoza sea destituida e inhabilitada en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Los congresistas afirman que la fiscal suprema no tiene competencia para investigarlos y que solo el fiscal de la Nación puede realizar esta medida.
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