Un nuevo caso vuelve a exponer a la presidenta Dina Boluarte, luego que Maritza Sánchez, profesora de profesión, revelara que, tras realizar unas denuncias en contra de la mandataria, ahora es materia de investigación por pertenecer a una presunta red criminal.
Sánchez, denunció a Boluarte por supuestos beneficios a proveedores en el programa Qali Warma cuando la jefa de Estado era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
“Creo que no me perdona (Dina Boluarte) decir la verdad y tener cómo corroborar todo lo que digo”, contó a Cuarto Poder.
“El 30 de enero acudí a la Fiscalía de la Nación por el caso 872023. Ese caso es una acusación por corrupción contra la señora Dina Boluarte. El presunto delito es negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo”, señaló Maritza Sánchez.
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Sin embargo, luego de brindar estas declaraciones en la fiscalía, días después recibió una citación porque ella y dos mujeres más estaban siendo denunciadas por pertenecer a dicha organización criminal.
Antecedentes
El 22 de enero del año pasado, Dina Boluarte acababa de asumir la presidencia y las protestas sociales se activaron en varias regiones del Perú. En Lima, universidades fueron refugio para los ciudadanos que venían del interior del país a ser parte de estas marchas.
“Me mostraron un video y yo de indignación se lo envié a la presidenta con un mensaje que decía: “Solo le pido a Dios que todo lo que le hagas a mi pueblo te regrese multiplicado. Amén. (...) a la semana, me estaba interviniendo la policía”, aseveró.
Las tres presuntas implicadas
Maritza Sánchez decidió apoyar las protestas. Pidió donaciones a sus amigos y llevó abarrotes al Centro de Lima. Ahí conoció a la señora Vilma Castillo y ambas iniciaron esta ayuda a los ciudadanos que llegaban para protestar en contra del Gobierno.
De un momento a otro, la Policía Nacional las interviene y su poder encontraron unas maderas prensadas que la policía consignó como posibles escudos usados por los manifestantes.
En dicho documento se detalló que “No se descarta que estas personas sean partes de un equipo logístico que provean de este tipo de elementos incautados a los manifestantes”, por lo que ambas mujeres se negaron a firmar el acta por ser imprecisa.
Cabe destacar que los policías revisaron el material incautado que resultó negativo para drogas, armas, municiones, propaganda subversiva y otros. Producto de la intervención se abrió una investigación fiscal preliminar por el delito de disturbios contra Maritza Sánchez y Violeta Castillo. El caso se terminó archivando a fines de agosto del año pasado.
No todo acabó ahí
La tercera persona que la justicia incluyó es la doctora Rosario Sánchez, quien para el fiscal actuaba como el brazo logístico porque es dueña de la minivan que su hermana maneja (Maritza Sánchez) y fue el instrumento para trasladar la madera prensada encontrada por la policía y alimentos.
“Lo que me preocupa es que este fiscal aumentó el contenido. Pone que llevé palos, botellas con insumos químicos y eso es absolutamente falso porque he mostrado el acta donde está negativo a todo”, expresó.
Hay que tener en cuenta que para que un fiscal acuse por organización criminal, el grupo delictivo debe tener por lo menos tres integrantes: las dos primeras personas son Maritza Sánchez y Violeta Castillo, la tercera es la doctora Rosario Sánchez.
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Para el abogado penalista Cesar Pérez, abrir un proceso por organización criminal necesita requisitos que van más allá de solo acusar a tres señoras.
“No solo pasa por saber cuántas personas intervienen. Sino también el cumplimiento de otros requisitos, permanencia en el tiempo, qué otros delitos habrían cometido este grupo de personas. Si solo tienes un hecho y una o dos o tres personas no necesariamente es un acto de organización criminal”, señaló.