El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que el gobierno al mando de la jefa de Estado, Dina Boluarte, debe desarrollar una política preventiva en temas de seguridad ciudadana.
En otro momento, también criticó la aplicación de algunos puntos del plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el escenario local.
“El tema es trabajar políticas preventivas, invertir en nuestra población vulnerable. Todo lo que significa la labor del señor Bukele en trabajar el tema de violencia en la misma proporción de violencia afecta los derechos humanos”, señaló.
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En tanto, dijo que como Defensoría del Pueblo deben siempre alertar de los excesos que podría significar “cualquier política que vaya en ese sentido”. Agregó que se deben trabajar en más cárceles productivas para resocializar a los internos.
Comisión de la Verdad
El titular de la Defensoría del Pueblo presentó el “Balance del Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” donde dan cuenta de las tareas cumplidas y pendientes al respecto de las recomendaciones formuladas hace 20 años por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a favor de familiares de víctimas fallecidas y desaparecidas en los años 1980-2000.
Según este informe, de los 47 informes jurídicos que entregó la CVR, que se convirtieron en 53 casos, 23 cuentan por lo menos con una sentencia condenatoria, 8 con sentencias absolutorias y 22 están pendientes de un pronunciamiento por parte de la administración de justicia.
Asimismo, el reporte señala que se han encontrado como principales problemas “el paso del tiempo, dificultades en las investigaciones y demora de los procesos, casos de revictimización, así como problemas para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y el cumplimiento de las sentencias”.
En tanto, más el mínimo avance en la reparación en educación (7%) y vivienda (7.6%), la falta de presupuesto para la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo Forense Especializado se suma a los problemas para realizar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
En ese sentido, la Defensoría expresó que contribuirá con la creación de “Política Nacional de Reparación para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000″, la “Política de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, la “Política de Memoria” y la aprobación de la “Estrategia para la prevención, protección y atención integral de las personas desplazadas internas”.