El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró que “se ha desnaturalizado” el contrato vigente entre la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima, ya que no se están cumpliendo con los trabajos previstos ni los pactos estipulados.
Como se recuerda, dicha empresa tiene un contrato que parte desde el 2013. Ante esto, el Defensor señaló que el informe sobre el citado acuerdo, que presentará hoy en el Congreso, no tiene opinión subjetiva, sino cuenta con el respaldo de adendas, actas, acuerdos. También contiene opiniones de la Contraloría General de la República.
“Este contrato se concibió siendo autosostenible, se concibió que iba a dar réditos económicos a la Municipalidad de Lima, es decir, era oneroso, y en el transcurso de más de 32 modificatorias mediante actas y una adenda, lo que se ha hecho es todo lo distinto”, expresó en RPP.
LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga: hemos empezado acciones legales contra Ruta de Lima en el exterior
“En primer lugar, es hoy cofinanciada y en segundo término ha dejado de ser autosostenible. Lo que eso nos lleva a decir que se ha desnaturalizado el contrato sobremanera y tenemos 50 conclusiones muy detalladas en rubros muy específicos”, añadió.
Gutiérrez aclaró que, por mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo está obligada a ejercer la supervisión de la administración estatal con el fin de mejorar los servicios.
“Es la importancia de saber cómo el marco constitucional entrega a la Defensoría del Pueblo esa prerrogativa de supervisión de la administración estatal para ejercer la defensa justa. Y el municipio de Lima está en la obligación de cautelar y velar por los peajes, esta concesión que ha terminado en un contrato, en primer lugar, ha terminado subestimada en su valor. ¿Cómo puede decirse a la opinión pública que si este contrato fijaba un promedio de mil vehículos que iban a transitar por los peajes, a tres años se muestra que son cinco mil vehículos?”, acotó.
Ante de culminar, Josué Gutiérrez aseguró en el informe se evidencia claramente que Rutas de Lima no cumplió con la ejecución de los cronogramas y puso como ejemplo a la vía Ramiro Prialé. Agregó, que en un corto plazo, después de la firma del contrato Rutas de Lima, inició la cobranza de tarifas “sin inversión de por medio”.
LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima: declaraciones de Rafael López Aliaga van en contra del Estado de Derecho
Rutas de Lima responde
El último martes, Rutas de Lima, empresa encargada del cobro de peajes, expresó que “reiteramos nuestra profunda preocupación por el comportamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cuestionando la validez del proyecto y afirmando una inexistente vulneración al interés público, pese a carecer de competencias para ello, y en desconocimiento pleno de una serie de decisiones jurisdiccionales que confirman que el contrato de concesión es válido, eficaz y no vulnera derechos”.