Entre los periodos 2019 y 2021 la Contraloría de la República identificó a un total de 94 autoridades del gobierno nacional, regional y locales, cuyos parientes habrían contratado con el Estado, pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.
El contralor general, Nelson Shack, explicó que ello representó un total de 294 procesos de contratación por un importe de S/ 561.9 millones de recursos públicos en obras y en servicios adjudicados.
En ese sentido, dijo que ahora ya no se necesita mirar los procesos y la gestión, sino, empezar a ver a las personas que se encuentran dentro de estos procesos. Según precisó, es necesario calcular los desbalances patrimoniales y hacer la trazabilidad para conocer a donde se están yendo las pérdidas, “las coimas”.
“¿A dónde se va? Eso se termina en indicios de desbalance patrimonial, signos exteriores de riqueza de un montón de funcionarios, y no solo de funcionarios, si no de sus entornos vinculados también”, sostuvo el contralor durante la presentación del balance 2021 y retos institucionales 2022.
En ese sentido, indicó que la próxima semana se iniciará va las acciones de control 2022, pero también dijo que es muy importante mejorar la capacidad y fortalecer a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), de tal manera que cada vez más sea transparente y pueda obtener la información digital, “de quienes son realmente hoy por hoy los dueños de las empresas que contratan con el Estado”.
“En el transcurso del próximo mes vamos a enviar un proyecto para hacer algunos cambios en este mismo sentido tanto en la Ley General de Sociedades como en la Ley de Contrataciones Públicas”, agregó.