En el marco de la investigación por la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso, la comisión de Fiscalización citó para el próximo jueves 23 al expresidente de la institución, Alejandro Soto, a fin de que responda por la contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.
Sin embargo, el actual vocero de Alianza para el Progreso (APP) anunció que no acudirá a la citación formulada por el titular de este grupo de trabajo, Juan Burgos.
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En un oficio enviado al despacho de Burgos, Soto le recordó que el grupo de trabajo que preside no tiene facultades de comisión investigadora, por lo tanto, “no puede indagar a congresistas”, tal como lo dispone el acuerdo del Consejo Directivo del pasado 11 de abril del 2008.
“Su persona (Juan Burgos) tiene la condición de testigo en la carpeta fiscal N° 406-2024, seguida en mi contra y referida a la materia que usted viene investigando, por tanto, no puede ser juez y parte”, indicó.
Según dijo, el legislador de Podemos Perú ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de usurpación de funciones, al investigar una materia que no es de su competencia.
“Estos hechos me impiden asistir ante una comisión completamente deslegitimada y parcializada; sin embargo, reitero mi compromiso de colaborar plenamente con todas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de la Nación y la Contraloría, como los entes competentes en la materia”, enfatizó.
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La Fiscalía es el órgano competente
En otro momento, Soto le recordó a Burgos que actualmente la Contraloría General de la República se encuentran realizando diligencias indagatorias respecto de la contratación de las extrabajadoras Andrea Vidal, quien falleció en extrañas circunstancias, Isabel Cajo, así como de Torres Saravia.
En ese sentido, recalcó que el Ministerio Público “es el órgano competente para investigar el presunto delito relacionado con una red de prostitución en el Parlamento, y no la comisión de Fiscalización”.
En diciembre pasado, el legislador de APP dijo no tener relación con la contratación de Torres Saravia, pese a que durante su gestión se concretó su designación en la Oficina Legal y Constitucional.
“Se dice, por ejemplo, que yo he creado un puesto para el señor Jorge Torres Saravia. O sea, se habla de todo sin ninguna base, sin ningún argumento. Eso no puede ser, tenemos que ser más serios y objetivos. Un hecho aislado, un crimen de una extrabajadora, tiene que ser investigado en profundidad por la Policía Nacional del Perú, por el Ministerio Público”, sostuvo en aquella oportunidad.
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