
Un proyecto de ley, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, fue presentado en la Cámara de Diputados en donde se propone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregue directamente los recursos del canon destinados a los institutos y escuelas de educación superior públicos a las unidades ejecutoras que los administran.
La iniciativa legislativa tiene como objetivo asegurar que ese dinero llegue a su destino y se utilice en investigación científica y tecnológica e infraestructura.
Según el documento, actualmente los gobiernos regionales tienen la obligación legal de destinar el 10% del canon que reciben a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción. Sin embargo, en la exposición de motivos sostiene que el mecanismo vigente no asegura que esos recursos lleguen efectivamente a sus beneficiarios, ya que su traslado depende de la actuación del gobierno regional.
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Por ello, la propuesta encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) calcular los montos correspondientes sobre el total del canon que percibe cada gobierno regional, antes de cualquier otra afectación.
El MEF, en este escenario, entregaría los recursos a la unidad ejecutora regional prevista en la Ley 31748 o directamente a los institutos y escuelas que tengan esa condición. El dinero se mantendría como recurso asignado al gobierno regional por concepto de canon.
El proyecto establece que los recursos se distribuyan en partes iguales entre las instituciones públicas beneficiarias de cada región, independientemente del número de sedes o locales que tengan, de acuerdo con una relación anual remitida por el Ministerio de Educación.
La medida incluye a las instituciones públicas de formación artística que no reciban canon como universidades públicas, pero excluye el canon y sobrecanon petrolero, así como a los centros de formación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.
Cuando no exista la unidad ejecutora especializada o esta no tenga créditos presupuestarios en su Presupuesto Institucional de Apertura, los fondos serían entregados a una unidad ejecutora regional existente encargada de la gestión de los institutos, que el MEF deberá identificar.
Además, los gobiernos regionales que no cuenten con la unidad especializada tendrían 60 días hábiles para presentar su propuesta de creación, mientras que el MEF dispondría de 30 días hábiles para pronunciarse desde la recepción completa del expediente.
Por otro lado, la iniciativa también declara intangibles los recursos y dispone que sus saldos mantengan el destino previsto, con la excepción del traslado regulado entre la unidad supletoria y la especializada.
Para facilitar la fiscalización, el MEF publicaría trimestralmente los montos entregados y la asignación por institución, mientras que los gobiernos regionales informarían sobre su ejecución. Asimismo, se establecen faltas administrativas por conductas como desviar los fondos, incumplir su entrega o no publicar la información exigida.
Finalmente, el proyecto encarga al MEF determinar, en 90 días calendario, los recursos que no hayan sido transferidos ni ejecutados conforme a su finalidad desde la entrada en vigencia de la Ley 30512. Su incorporación al presupuesto de las unidades receptoras se realizaría en uno o más años fiscales, únicamente con cargo a los saldos de canon disponibles y hasta donde estos alcancen.


