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El congresista de la Repúbica (Renovación Popular), Miguel Ciccia Vásquez, habría cometido un delito de tráfico de influencia en favor de sus familiares debido a gestiones realizadas ante la Sunat, sede en Piura, según la información recogida por Panorama.
El dominical detalle que en mayo del 2022 el congresista coordinó una cita para que su sobrina Valeria Landa Vásquez, gerente general de la empresa Kinsa, se reúna con la Intendente Regional de Sunat Piura.
Tras varias consultas hechas por el periodista, el parlamentario reconoció que hizo las coordinaciones para la mencionada reunión con su familiar para realizar consultas sobre supuestos beneficios tributarios para un proyecto de vivienda.
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Aunque Miguel Ciccia sostiene que tras las reuniones dicho beneficio no se concretó en favor de la empresa de su sobrina.
Andy Carrión, abogado penalista, indica que, “no se requiere de un resultado específico para poder cometer el delito de tráfico de influencia. Basta la sola generación de la reunión y la posibilidad de que influencie la posibilidad real o simulada como dice el código ante el funcionario público”.
El congresista Ciccia Vásquez no fue el único integrante del Congreso a esta reunión. También acudió a la cita su asesor y técnico de su despacho para tomar nota.
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Reunió con la Sunat
El dominical detalla que la reunión era para consultar por un beneficio en impuestos para los empresarios que “donen” a sus trabajadores parte del dinero que utilizarían para adquirir una vivienda precisamente en uno de los proyectos de las familiares de Ciccia Vásquez.
Miguel Ciccia Vásquez, como congresista de la República ingresó a la sede de la Sunat a las 10:37 am, y al mismo tiempo ingresó su sobrina.
La cita era con Ligia Ortega Pereda, Intendente Regional de Sunat Piura.
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Tras el reportaje el congresista dijo: “Nunca tendré un acercamiento a una entidad con ella (su sobrina), bueno es mi familia y bueno solo tendré como familiar reuniones familiares”, expresó.
Andy Carrión, abogado penalista, sostiene que, dado que el congresista también usó a los trabajadores para gestionar y hacer algún tipo de trámite en una entidad pública para favorecer a su familiar, también estaría en curso en el delito de peculado de uso, que tiene una sanción que va desde los 2 a los 4 años de pena privativa de la libertad.
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