Casi un mes después de iniciar una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta falta grave, la comisión de Justicia del Congreso presentó su informe final, que mañana sería sometido a votación.
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Estos son: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
En las recomendaciones solo se exhorta a los integrantes de la JNJ a “evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.
Pese a que el informe final ya se encuentra listo para su votación, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una nueva moción para ampliar, por 7 días más, la pesquisa que lleva a cabo el grupo de trabajo e incorporar un nuevo caso.
En concreto, la también presidenta de la comisión de Defensa solicitó que la se investigue las presuntas irregularidades en la designación del jefe de control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, a cargo de la JNJ.
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¿De qué se trata esta nueva denuncia?
Por ejemplo, el órgano de control reveló que dicho funcionario presentó el certificado del Diplomado Especializado en Administración y Gestión Pública en el Centro de Formación y Capacitación G & P S.A.C. (CFOCAP), que constaba de 6 módulos dictados por 4 docentes.
No obstante, Percy Muñoz Jaime, uno de los profesores que dictaron clases en el diplomado, aclaró a la Contraloría que solo dictó un módulo.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento y correo electrónico de la referencia, hacer de su conocimiento que, en atención al Diplomado en mención, solo dicté el módulo VI, los demás módulos no los dicté”, indicó el docente a la Contraloría.
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En el informe también se cuestiona que la Dirección de Selección y Nombramiento de la JNJ haya validado la experiencia de Fernández Jerí en el sector público y el sector privado, pese a que en un determinado periodo se desempeñó en ambos campos.
A través de un comunicado, la JNJ sostuvo que el informe en mención “no establece ni irregularidades ni responsabilidades” y sugiere adoptar las acciones que correspondan a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades pertinentes”.
Para Chirinos, la JNJ no solo cometió irregularidades en el ejercicio de sus funciones constitucionales al nombrar a Fernández Jerí, sino que lejos de asumir y corregir dicha irregularidad funcional “ha salido a confundir a la opinión pública alegando, en su defensa, hechos inexistentes que han sido desmentidos por la propia Contraloría”.
“La JNJ continúa defraudando al país, incumpliendo con sus deberes constitucionales e incurriendo en causas graves. Así lo demuestra el Informe de la Contraloría, que da cuenta de irregularidades en el proceso de selección de la autoridad de control de la Fiscalía de la Nación (...) permanezcamos firmes y recuperemos la confianza de los peruanos en su sistema de justicia”, escribió en sus redes sociales.
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