El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria seguida contra los abogados que participaron como árbitros en diversos procesos relacionados a la empresa brasileña Odebrecht (hoy Novonor).
Así lo adoptó el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, tras declarar fundada una solicitud de control de plazos presentada por la defensa legal de la exfuncionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jesica Reategui, implicada en este caso.
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En su resolución, el juez recordó que el plazo de una prórroga que se dispuso dentro de esta investigación preparatoria venció el último 22 de setiembre, por lo que ordenó al Equipo Especial Lava Jato que expida una disposición en la que dé por concluida esta pesquisa.
Además, exigió a la Fiscalía que emita un pronunciamiento de fondo en el marco de este caso; es decir, o bien deben presentar una acusación contra los investigados o, de lo contrario, solicitar el archivo del proceso.
De acuerdo con la tesis fiscal, un grupo de abogados que realizaron la función de “árbitros” habrían recibido pagos ilícitos para emitir fallos a favor de Odebrecht en los arbitrajes que dicha empresa interponía contra el Estado peruano.
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Abanto buscó archivar su investigación
El abogado había presentado un recurso técnico de defensa conocido como excepción de improcedencia de acción, amparándose en la Ley 32108, que modificó la Ley contra el Crimen Organizado.
A Abanto se le imputa haber sido parte de una asociación criminal dedicada obtener beneficios económicos a partir de la función arbitral que desempeñaba, emitiendo laudos a favor de Odebrecht y en perjuicio del Estado peruano.
En su recurso, el jurista indicó que su situación es similar a la del abogado Eduardo Castillo Freyre, quien fue excluido del caso por la Corte Suprema a mediados de octubre de este año, bajo el amparo de la nueva ley contra el crimen organizado.
No obstante, Chávez Tamariz determinó que la imputación contra Abanto no es comparable a la de Castillo Freyre, puesto que el primero participó en una pluralidad de procesos arbitrales y su presencia en esos casos “habría sido conversada de forma interna por Odebrecht”.
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