El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por el reciente atentado ocurrido en la sede del Ministerio Público en Trujillo, en el que se habría usado dinamita proveniente de la minería ilegal.
A través de un comunicado, consideraron que estos actos reflejan una alarmante descomposición social que tiene como uno de sus principales orígenes la falta de regulación efectiva y oportuna del proceso de formalización minera, lo que, según sostienen, “ha permitido que la minería ilegal prospere y amplíe su impacto negativo en el país”.
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Frente a ello, el CAL exhortó al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie con urgencia respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Ley Reinfo).
“Esta ley, que extendió el proceso de formalización minera a través del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2024, fue inicialmente planteada como un plazo definitivo; sin embargo, fue nuevamente prorrogada hasta el 30 de junio del 2025 mediante la Ley 32213, sumándose a una serie de extensiones que datan del DL 1105, en 2012″, cuestionaron.
El organismo consideró que, a pesar de más de una década de implementación, el proceso de formalización minera ha demostrado ser ineficaz, logrando regularizar a menos del 20% de los pequeños mineros y mineros artesanales.
“Paralelamente, los efectos negativos de la minería ilegal continúan escalando. Entre los más graves destacan el aumento de la violencia y la criminalidad, evidenciada en regiones como Pataz, Caravelí y áreas urbanas como Trujillo, la grave degradación ambiental en la Amazonía y el incremento de los delitos conexos, como la trata de persona”, señalaron tras cuestionar que se haya excluido al delito de la minería ilegal como crimen organizado.
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Le piden al TC que cumplan con su labor histórica
Frente a esta crisis, el CAL remarcó que el TC tiene el deber de emitir un fallo que oriente al Congreso sobre cómo regular adecuadamente la pequeña minería y la minería artesanal.
“En virtud del principio de función integradora, que exige al TC ordenar y pacificar las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad, es esencial que se emita una resolución definitiva que aborde esta problemática estructural”, añadieron.
Finalmente, el gremio de abogados instó al TC que cumpla con “su responsabilidad histórica frente al país” y emita una sentencia que contribuya significativamente a reducir la inseguridad e inestabilidad provocadas por la minería ilegal.
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