A través de un comunicado, 16 embajadas de diversos países en Perú, mostraron su preocupación sobre la Enmienda a la Ley 27692, Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual fue aprobada hace unos días en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
Cabe mencionar que este comunicado fue compartido y respaldado por las embajadas de: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee en el documento publicado en sus redes sociales.
Como se recuerda, el grupo de trabajo de dicha comisión señaló que el objetivo de los cambios es el de contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
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Comisión de Relaciones Exteriores
La Comisión de Relaciones Exteriores señaló que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente, la humanitaria y de promoción del desarrollo sostenible. Sin embargo, existen vacíos legales en la Ley 27692, Ley de creación de la APCI, que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG.
El texto sustitutorio plantea un marco regulatorio semejante al de los países que pertenecen a la OCDE, es decir, propone la modificación de los artículos 4, 5, 21, 22 y la derogación de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 27692, apuntó.
“Lo único que persigue esta ley es transparencia y darle la garantía a la APCI que sus recursos son bien utilizados”, manifestó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP).
Además, introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político. De esta forma, se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional.
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