Con motivo del Día de la Niñez en el Perú, hoy 9 de abril, la Defensoría del Pueblo exigió al Estado priorizar la atención a niñas, niños y adolescentes para garantizar que accedan a una vida libre de violencia y discriminación que permita el pleno ejercicio de sus derechos.
Al respecto, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia, indicó que si bien existen normas y mecanismos para la atención de la violencia en general, es importante incidir constantemente en la prevención de todas sus formas, las cuales pueden ocurrir en los distintos espacios donde ellas y ellos se encuentran, es decir, el hogar, la comunidad, la escuela, los establecimientos de los diversos servicios del Estado y del sector privado.
“Para ese objetivo es necesaria la articulación permanente entre todos los niveles de gobiernos (central, regional y local), a fin de identificar y dar solución a los factores de riesgo del referido problema, así como adoptar medidas que permitan la participación de toda y la comunidad para concretar ese propósito; de ese modo, podrán cumplir con su obligación de brindar protección especial a niñas, niños y adolescentes en todos los entornos”, anotó.
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En este contexto, es necesario señalar que, de acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y febrero de 2023, se reportaron 8,381 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de esa cifra 33 % son de violencia sexual y 70 % se trata de víctimas que son niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia una vulnerabilidad extrema de este grupo poblacional, recordó la Defensoría del Pueblo.
En el ámbito educativo, las/os estudiantes también están expuestos a violencia. De acuerdo con cifras del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve), del Ministerio de Educación, desde el 2022 a la fecha, se han reportado 12, 203 casos en sus diferentes manifestaciones: violencia psicológica, física y sexual.
Esta última registra 2,464 casos que incluyen acoso, tocamientos y hostigamiento sexual, además de violación sexual en 261 casos que involucran a estudiantes de todas las edades; de dicha cifra, 122 corresponden a actos cometidos por el personal de las instituciones educativas.
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Añadió que en cuanto a los casos reportados en el portal Siseve, es importante que el Estado implemente mecanismos que contribuyan a su seguimiento estricto con la finalidad de garantizar que no se permita el retorno de personal de instituciones educativas con denuncias de violencia.
Indicó que especialmente, de tipo sexual, debido a que ponen en riesgo la integridad de niñas niños y adolescentes, o, revictimizan a estudiantes afectadas/os por un hecho de esa naturaleza, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
“Aparte, la erradicación de la violencia contra ellas y ellos no es un asunto únicamente del Estado, sino que requiere, además, la participación activa de la sociedad civil y del sector privado”, expresó.
“En ese sentido, nuestra institución hace un llamado al sector privado, que forma parte de la comunidad, a fin de que generen espacios de diálogo y apoyo articulado con las autoridades de diversas instancias de gobierno, en consonancia con los derechos de niñas, niños y adolescentes”, agregó.
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