La Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflictos sociales, correspondiente al mes de mayo de 2024, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 209 conflictos sociales registrados (166 activos y 43 latentes).
Con relación al mes de abril, en mayo se registraron seis casos nuevos en los departamentos de Loreto, Pasco y Puno. Según la tipología, cuatro son socioambientales y dos, por asuntos de gobiernos locales. Respecto a la fase en la que se encuentran, tres permanecen en escalamiento, dos están en diálogo y uno se encuentra en fase temprana.
De otro lado, se registraron 312 acciones colectivas de protesta en el mes de mayo, lo que representa 43 % más que el mes anterior. Del total, el 51.9 % fueron plantones o concentraciones, y en el 30.4 % se trató de marchas.
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Los lugares que registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (47), Piura (23), Cusco (22), Arequipa (21), Junín (21), Puno (20), entre otros.
Destacaron las protestas a nivel nacional realizadas por los sindicatos de trabajadores de EsSalud, docentes de escuelas públicas, trabajadores profesionales y técnicos del Ministerio de Salud, y bases sindicales de la Confederación General de Trabajadores del Perú.
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Conflictos en diálogo
Del total de activos, hay 88 casos en fase de diálogo (53.0 %); y, del resto de conflictos sociales activos, hay 11 en fase temprana, 13 en escalamiento, ninguno en crisis y 54 en desescalamiento, según el informe defensorial.
En mayo se resolvieron dos conflictos de tipo socioambiental vinculados a la actividad minera. Un caso involucra a la comunidad Villa Corazón de Jesús y a la empresa Glore Perú, en Pasco que, tras sostener reuniones bilaterales, no se han producido nuevos acontecimientos, protestas ni incidentes.
El otro conflicto fue protagonizado por autoridades y organizaciones sociales de la provincia de Candarave, en Tacna, y la empresa Southern Perú. Con relación a este último, el 24 de mayo se aprobó el Plan de Acción con el objetivo de abordar la problemática hídrica de la provincia de Candarave, para lo cual se conformará un comité de seguimiento para su implementación.
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Debido a la inactividad prolongada de acontecimientos y a la no participación de actores sociales en el contexto del conflicto, dos casos socioambientales registrados en Apurímac y un caso por asuntos de gobierno regional reportado en Loreto, fueron retirados del reporte.
Distribución territorial
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, seis departamentos registran de diez a más conflictos sociales, y representan el 49.3 % del total de casos. Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (32 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20), Puno (18), Apurímac (13), Huancavelica (10) y Piura (10).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (56.5 %). Los conflictos comunales son el segundo tipo más frecuente, con el 11.0 % (23); le siguen los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 10.0 %, y los conflictos por asuntos de gobierno regional, con 7.7 %.
Los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 35.4 % del total de conflictos sociales reportados. Además, del total de casos activos, el 53.0 % (88 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo.
De ellos, el 77.3% (68 casos) corresponde a casos socioambientales. De los 62 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en estado activo, el 72.6% está en fase de diálogo. Además, durante el último mes no se registraron personas heridas ni fallecidas en el contexto de conflictos sociales.
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía 20 alertas tempranas al Estado, las empresas y la sociedad (ver página 9 del reporte), para que se actúe en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 6 son casos nuevos, 3 son casos activos y 11 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
Finalmente, en mayo la Defensoría del Pueblo realizó 241 actuaciones defensoriales en conflictos sociales, 23% más que el mes anterior, de las cuales 196 corresponden a acciones de supervisión preventiva (visitas de inspección, entrevistas con actores, pedidos de información, etc.) y 45 a intermediación (interposición de buenos oficios y participación en mesas de diálogo).
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