Más de 9,000 servidores públicos se habrían beneficiado con canastas de víveres, según Contraloría

El contralor general Nelson Shack informó este jueves que se elevó a más de 9,000 el número de servidores públicos que habrían recibido canastas básicas de víveres dirigidas a familias vulnerables para ayudarlos a enfrentar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19.

Durante la presentación del informe “Control en tiempos de COVID-19”, que fue emitida en directo vía Facebook, y tras más de 100 días de gestión durante la pandemia, Shack recordó que a inicios del mes de junio la cifra ascendía a 4,212 pero ahora asciende a más de 9 mil.

Explicó que, de ese total, hay evidencia que 2.600 recibieron las canastas pese a que ganaban sueldos de 3.000 a 5.000 soles mensuales. La mayoría de los casos se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica. “Un claro despropósito respecto a la eficacia de la distribución de canastas de víveres”, expresó el titular de la Contraloría.

Shack indicó que entre los problemas que motivaron la intervención del órgano de control se encuentran: padrones de beneficiarios desactualizados, que la canasta se entregó a quien no correspondía, que llegaron tarde, que se sacaron algunos productos para reducir su peso, así como falta de registro sanitario o de fecha de vencimiento, entre otros.

En la supervisión de la compra y entrega de las canastas a la población vulnerable afectada por el aislamiento social, tal como lo dispuso el Gobierno, la Contraloría visitó 1.329 municipalidades de todo el país y participaron 400 auditores de la entidad.