Un plan distinto: PNIC 2.0

Cuando en julio del 2019 se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, muchos aplaudimos el esfuerzo liderado por el MEF. Era la primera vez que veíamos prioridades claras y propuestas de institucionalidad que, desgraciadamente, nunca se ejecutaron y que hubieran permitido una mejor ejecución de lo planificado.

En las reuniones para diseñar el plan, desde AFIN hicimos notar algunas preocupaciones. Primero, que el insumo principal para priorizar proyectos estaba en los sectores. En función del avance en la formulación de un proyecto y la asignación presupuestal, se le daba más o menos puntos. Esto hizo que se elaborara no sobre la base de lo que realmente se necesita, sino en función de lo que los distintos sectores ya tenían en su banco de proyectos. Entre las consecuencias de esta metodología, entendible en un primer esfuerzo de planificación, estuvo que no se incluyeron proyectos de salud, educación o vivienda.

Una segunda observación que se hizo fue que se había priorizado en función de cobertura, no de calidad. Hay servicios públicos que tienen cobertura casi universal, como la electricidad o la misma educación. Sin embargo, la calidad deja mucho que desear. En muchas regiones la cantidad de horas de corriente y la estabilidad de la carga no es la adecuada. Algo similar ocurre con los colegios, que tienen problemas de conexiones de servicios básicos y, en muchos casos, están en riesgo estructural.

Hoy el Gobierno anuncia que se revisará este plan. Es una buena oportunidad para hacer algunos ajustes y aquí proponemos algunos.

Primero, un claro y marcado enfoque territorial. Ya sea por regiones o macrorregiones. Definir principales brechas y articular programas regionales en consenso con los gobiernos regionales y locales respectivos. En sencillo, el Plan Nacional de Infraestructura debiera ser una sumatoria de los planes regionales y una lista de intervenciones de carácter nacional. Esta propuesta no debe ser excusa para demorar 100 años el plan. Existe información de necesidades y en un periodo de 12 meses se podría completar algo bastante bueno y puede irse avanzando por regiones. No es necesario ponerse como meta hacerlo para el 100% del territorio en un primer ejercicio.

Segundo, compromiso serio y medible con el plan. Y el compromiso se hace más palpable cuando se destinan fondos. De otra manera, es un listado de buenas intenciones, como suele suceder demasiado a menudo. Por ello, creemos que todos los niveles de gobierno deben comprometer fondos para financiar el respectivo plan regional y asignarlo a un fideicomiso que garantice el financiamiento respectivo.

Tercero, gestión. Cada plan regional debería tener una PMO. En función de la complejidad de las intervenciones, se podría pensar en esquemas de Gobierno a Gobierno, pero lo más relevante es el PMO que debiera ejecutar vía obras por impuestos, APP u obra pública. El MEF debería conservar un rol rector y de seguimiento general. Esto requerirá algunos ajustes institucionales y normativos, pero no es algo imposible.

Una mirada más “regionalizada”, con un claro compromiso presupuestal y una buena gestión aprovechando experiencias como la de Reconstrucción con Cambios, podría permitir una mejor performance que la que ha tenido el PNIC, con una pobre ejecución de menos de 5% en 3 años de vigencia. Desde el sector privado estamos prestos a colaborar con el Estado peruano para que esta vez, todos juntos, podamos reducir la cada vez más creciente brecha de infraestructura, pensando en mejorar el bienestar de todos los peruanos, especialmente en las regiones. Sí se puede.