:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EHUCMEYBGNHNXHKBXCNJJN4A7U.jpg)
Gerente de Riesgos de Apeseg
Como ya pocos recuerdan el momento más crítico del Niño Costero lo atravesamos a finales de marzo del 2017, cuando tras su paso dejó daños a la infraestructura nacional valorizados en cerca del 3.5% del PBI. Desde ese entonces han pasado 5 años y sectores como educación, salud, vivienda, construcción y saneamiento sufren hasta hoy el impacto que causó el desastre de buena parte de su infraestructura y que hasta la fecha no ha sido repuesta.
Y si bien la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) bajo el esquema de Gobierno a Gobierno, ha ejecutado el 63% del presupuesto y ha podido acelerar los procesos de reconstrucción junto con el brazo operativo del Delivery Team del Reino Unido (UKDT), mostrando que el “G2G” es un mecanismo que evita el complejo camino para la reconstrucción si se siguiera la vigente Ley de Contrataciones con el Estado, no podemos permitirnos una vez más, tomarnos tanto tiempo en reconstruir lo afectado cuando ocurren desastres de esta naturaleza.
Actualmente, seguimos viviendo bajo un riesgo de desastre muy alto. No solo los eventos catastróficos a causa de climas más extremos son cada vez de mayor impacto y a la vez, más frecuentes, sino que el gran silencio sísmico nos expone a un potencial gran terremoto. La pregunta siguiente es: ¿Cómo afrontaría el gobierno hoy un desastre de gran magnitud si nuestra realidad financiera es muy distinta a la que tuvimos en el 2017, en especial luego de la pandemia?
El Fondo de Estabilización Fiscal destinado, entre otros, para atender los desastres naturales, representa hoy menos del 0.9% del PBI; por otro lado, no se ha renovado el CAT Bond con la Alianza del Pacífico, y las líneas de crédito contingentes disponibles con organismos multilaterales servirán probablemente sólo para atender la emergencia inmediata pero no realmente para una reconstrucción. Por ello, planificar desde ahora una reconstrucción más rápida y saber cómo vamos a financiarla, será clave para el manejo del riesgo de desastre en nuestro país.
La mayor parte de la infraestructura pública no concesionada no tiene ningún tipo de aseguramiento. A pesar de contar con una partida presupuestal para la gestión de riesgo de desastre y a diferencia de países vecinos, no existen lineamientos de aseguramiento para los diferentes niveles de gobierno. Nuestras autoridades deben ser conscientes que el aseguramiento de los activos públicos reduce además el riesgo soberano y evita una posible desviación de la política fiscal, ante posibles reasignaciones presupuestales post-desastre.
Este es el momento de una normativa que rija la contratación en caso de futuros desastres en base a lo aprendido con la actual reconstrucción, contemos con un organismo estatal que se encargue de los desastres no sólo para un evento en particular, sino a lo largo del tiempo, mejorando las capacidades en proyectos de reconstrucción y en el gerenciamiento de proyectos.
Pronto, nueva infraestructura pública estará lista para ser entregada por la ARCC a sus respectivos sectores; no obstante, el riesgo de desastre sigue latente, por lo que será importante que esa nueva infraestructura mantenga un nivel mínimo de aseguramiento. De otro modo, todo el esfuerzo en la reciente de la reconstrucción podría ser en vano de ocurrir otro desastre.
