Planificando el plan 2

En diciembre de 2018 se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en cumplimiento de la cual el Poder Ejecutivo publicó –hace casi dos años- el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que se constituyó en el primer ejercicio omnicomprensivo de planificación de infraestructura que se abordó desde el Estado.

En un país con una larga tradición de cortoplacismo, el PNIC generó la expectativa razonable en el sector público y privado, de ser el hilo conductor que ordene los esfuerzos multisectoriales para desplegar proyectos de inversión en infraestructura. Al aprobarse, el PNIC priorizó 52 proyectos: 24 en etapa de ejecución, 25 en proceso y 3 en idea. Cuando se difundió su Informe de Avance (a diciembre de 2020), el resultado fue 30 proyectos en ejecución, 21 en proceso y 1 en idea. Evidentemente, la inestabilidad política que ha signado el quinquenio que está por terminar, lastró la implementación de diversas estrategias en materia de infraestructura.

Hay quienes veían en el PNIC, el catalizador que aceleraría el avance de los proyectos, o la varita mágica que haría desaparecer nuestras importantes brechas en institucionalidad. Evidentemente, ninguna de esas aspiraciones se materializó, pues para empezar, el objetivo prioritario de un plan de esta naturaleza, es instalar en el país la política nacional de planificación de infraestructura, que basada en correctos indicadores de acceso a infraestructura básica, así como cobertura y costos asociados a la prestación de esos servicios con calidad y continuidad; defina las prioridades de inversión en infraestructura sostenible (por obra pública y por Asociaciones Público Privadas), por un período de tres años.

De acuerdo al propio PNIC, en julio de 2022 deberá llevarse a cabo el proceso de actualización del actual. Esto ocurrirá con el nuevo Gobierno, y será una oportunidad para incorporar aspectos que por apremio político no se abordaron a profundidad el 2019. Pero será por encima de todo, una ocasión en la que se pondrá el juego la credibilidad del Gobierno respecto a su compromiso con la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal, la salud de la relación con el mercado y su capacidad para construir una institucionalidad inclusiva en torno a un instrumento de gestión tan importante.

Según el BID, “para alcanzar los niveles de acceso a infraestructura básica se estima que el Perú debe invertir en promedio en los próximos 20 años: (i) entre 1.4%-1.9% del PBI para el escenario escogido; (ii) entre 0.5%o-0.7o/o del PBI anualmente para alcanzar el nivel de los países de la Alianza del Pacifico; y (iii) entre 3.7o/o-5.1o/o para alcanzar el nivel de los países de la OECD”. Sin embargo, esta es apenas una línea de base respecto a la brecha de infraestructura básica. Ya está definida una agenda pendiente con temas de atención prioritaria: (1) Incorporar en el cálculo de la brecha de infraestructura básica (productiva y social), los componentes de calidad y resiliencia de los servicios. (2) Mejorar el diseño de indicadores de priorización sectorial para los tres niveles de Gobierno. (3) Insertar el enfoque de sostenibilidad en todas las etapas del ciclo de proyecto de inversión. (4) Diseñar una estrategia potente para mejorar la ejecución del gasto público, pues tenemos importantes niveles de subejecución. (5) Rediseñar la gobernanza de la infraestructura, considerando las deficiencias identificadas en la interfaz entre los niveles de Gobierno, entre los sectores, y entre éstos y sus entidades adscritas, o con entidades reguladoras. (6) Establecer la constitución de Órganos Especializados para la Gestión de Proyectos que acompañen a los sectores con mayor tracción presupuestaria, en la conformación, formulación, y ejecución de su cartera de proyectos, pero sin caer en la tentación de creer que los PMO sustituyen un tejido institucional que al interior del Estado se debe fortalecer. (7) Redefinir el proceso productivo del Estado, para la entrega de terrenos expropiados y saneados que son requeridos para el desarrollo de proyectos; y (8) Constituir una Plataforma Multisectorial del PNIC, con integrantes permanentes (liderada por el MEF, ministerios y gobiernos sub-nacionales con la mayor cartera de proyectos), pero con la participación periódica de otros integrantes del sector privado y la sociedad civil que son actores relevantes en cada una de las etapas del desarrollo de proyectos de inversión.

Si queremos un país con infraestructura sostenible, el Gobierno y el sector privado tendrán que hacer un esfuerzo sin precedentes para no caer, una vez más, en la tentación del atajo.