Hoy día el concepto de informalidad en el mercado laboral es más o menos claro. Da cuenta de la parte de la PEA ocupada que, para agenciarse de algún ingreso, desarrolla alguna actividad económica empresarial, por cuenta propia o como trabajador dependiente, pero por fuera del marco normativo tributario, laboral o municipal. Es decir, opera por fuera de la regulación correspondiente. En países en desarrollo, ello se da al margen de la voluntad de las personas. Como lo menciona la Recomendación 204 de la OIT: la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento.
Hace poco el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dio a conocer cifras sobre la trayectoria de lo que se ha denominado la informalidad laboral. Qué es exactamente la informalidad laboral, cómo se mide y cómo se relaciona con el empleo informal son aspectos que hay que comprender bien. Vista desde la política pública, la medición de la informalidad en el mercado de trabajo debiera ayudar al diseño de los planes, políticas, estrategias para impulsar la formalización del empleo y no dejar su trayectoria librada sólo a la inercia del crecimiento económico. Comprender bien los conceptos y contar con indicadores de medición ayuda, igualmente, al monitoreo y evaluación de las políticas implementadas.
Convengamos que, para hacerse visible y convertirse en insumo para la política pública, la informalidad laboral requiere de operacionalizarse y concretarse en un indicador medible. La OIT, junto con las Conferencias Internacionales de Estadísticas del Trabajo (CIET), ha jugado un rol central en la construcción del concepto de informalidad referido al mercado laboral. A la noción de sector no estructurado le sucedió la de sector informal para asentarse, hoy, en el concepto de empleo informal. La medición del empleo informal se asienta sobre la identificación de un sector formal, en términos empresariales, y de otro informal, empresarial y laboralmente. La relevancia de la noción de empleo informal es que, al poner su acento en la persona (puesto de trabajo), permite auscultar la presencia de empleo informal también en el sector formal.
En materia de la medición de la informalidad en el mercado laboral, el Perú ha adoptado la metodología de la CIET XVII para la medición del empleo informal. Así, el INEI señala que el empleo informal comprende las siguientes categorías ocupacionales: “los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal, los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador y los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora”.
Las cifras sobre la informalidad laboral que el MTPE dio a conocer recientemente llaman la atención sobre la evolución y situación actual del empleo informal en el sector asalariado, donde la regulación laboral es, ciertamente, competencia del sector. En otras palabras, la informalidad laboral no es sino un subconjunto del empleo informal y el INEI, recogiendo lo señalado por la CIET XVII, la caracteriza como “los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador”. En este sentido, no debería resultar contradictorio afirmar que mientras que el país tiene cerca de un 70% de empleo informal (69.2% según el último estudio de la OIT), la tasa de informalidad laboral (en el sector asalariado) es de menos del 50% (46.5% según los datos publicados por el MTPE la semana pasada).
Como en el resto de los países andinos, en el Perú un porcentaje importante del empleo informal se encuentra entre los independientes o cuenta propia y, dentro del sector asalariado, en la pequeña unidad productiva de productividad baja. La informalidad laboral, específicamente, es también muy heterogénea: muy alta en las empresas de menor tamaño, y con presencia -si bien menor- en las empresas medianas y grandes, donde se esperaría no encontrar empleo informal.
El Perú cuenta con una “Estrategia sectorial para la formalización laboral 2018 – 2021” que en sus considerandos afirma que “es indispensable para el Estado peruano ejecutar acciones para enfrentar la informalidad laboral, toda vez que es un problema estructural que afronta actualmente la sociedad peruana, generando entre otros, la exclusión del acceso a la protección de la legislación laboral y de la seguridad social por parte de los trabajadores que se encuentran en dicha situación”.
Ciertamente, disponer de una estrategia, plan o programa en pro de la formalización reforzará el impulso que venga del crecimiento económico. Pero, una respuesta efectiva a la complejidad del empleo informal requiere transcender del abordaje sectorial -la informalidad laboral- a otro más integral donde la intersectorialidad de las políticas y la participación alineada de los sectores con responsabilidad en la materia sean sus aspectos medulares.
La informalidad en los países andinos
Las directrices de las sucesivas CIET buscan que los países miembros de la OIT incorporen los conceptos y las metodologías de medición desarrollados en dicho espacio para que las estadísticas elaboradas -en este caso las que visibilizan el empleo informal- sean comparables internacionalmente. Ello, entre otros aspectos, ayuda a que de los impactos de las políticas de empleo y laborales implementadas se puedan identificar buenas prácticas entre países similares.
La OIT, regularmente, utilizando las bases de datos oficiales de los países miembros elabora una estadística internacionalmente comparable de empleo informal. No necesariamente dichas cifras coinciden con las publicadas por los países. Estos pueden optar por hacer uso de directrices anteriores o incorporar criterios que juzgan reflejan mejor dicha realidad.
En el Ecuador, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) define a los empleados en el sector formal como las personas que trabajan en establecimientos que sí tienen RUC y como empleados en el sector informal a aquellos que trabajan en unidades menores a 100 trabajadores que no tienen RUC . Por su parte, el DANE de Colombia define al ocupado informal como la persona que se encuentra en una de las siguientes situaciones: empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
Tener los conceptos claros y las metodologías de medición alineadas sin duda contribuye al modelamiento e implementación de políticas, programas, planes o estrategias para acelerar el tránsito de la economía informal a la formal en la región. En ese sentido se entiende el esfuerzo de la OIT en mantener actualizada una data comparable.
Por Julio Gamero
Especialista en Empleo y Políticas de Empleo - Oficina de la OIT para los Países Andinos