Abogado tributarista
El reciente anuncio presidencial sobre el supuesto pago de la “deuda tributaria de Telefónica” podría tener un impacto relevante sobre la seguridad jurídica en el país y evidenciar la visión con que el actual gobierno se manejará en el futuro en materia fiscal y tributaria, especialmente lo que se llamó en el gobierno de Vizcarra, los Megalitigios (en el que se anunció la creación de una comisión para su cobranza).
Es importante ver –de manera objetiva- la naturaleza de estas deudas. Primero, en ningún caso los reparos son casos de evasión o rentas no declaradas. En casi todos los casos, se trata de desconocimiento de gastos, basados en criterios discutibles o subjetivos. Sobre esa base, el monto de impuestos reales no llega al 15% de la cifra en cuestión. El 85% de la supuesta deuda esta compuesta por multas e intereses acumulados por la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal principalmente (no menos de 10 años en las 2 instancias). Segundo, la tasa de interés moratorio que se ha aplicado ha oscilado entre más del 25% y el 10.8% actual por año, el que no se ha dejado de aplicar pese a la demora excesiva del Estado (lo que desde el 2013 ya no ocurre para los nuevos litigios, porque la Ley cambió a partir de dicho año). (Ver anexo 1). Cuando este monto se contrasta con la inflación se puede ver que el Estado no está actualizando las cifras, las está multiplicando por un criterio recaudador penalizador ¿Qué estamos penalizando? La demora de Sunat y del Tribunal Fiscal; ¿y por qué se la cobramos a la empresa? Nadie sabe.
Tercero, se debe tomar en cuenta además que el Tribunal Constitucional ya ha fallado en contra del Estado en casos similares, basados en estas situaciones. La mayoría de estas empresas pueden llevar estos casos a arbitrajes internacionales, cuyo resultado resulta previsible, desalentando a la larga -y de manera muy peligrosa- la inversión.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna capacidad legal para coaccionar a las empresas, resolver los casos o dar una alternativa razonable, como una norma legal que –por ejemplo- cambie el interés moratorio por la inflación a cambio de un pago inmediato de los tributos, cortando todo litigio: Una salida de esa naturaleza, sólo está en manos del (Congreso) y podría enrumbarnos nuevamente.
Considerando el excesivo gasto fiscal, así como las expectativas de la población, que están siendo utilizadas con fines cuya calificación la dejo a discreción del lector, es imperativo aumentar la recaudación, aun cuando sea impopular para ciertos sectores que nunca quieren ser tocados. Resulta claro que dicho aumento de recaudación, en el mediano y largo plazo, debe traducirse en un ataque a la enorme evasión e informalidad reinante en el país, para lo que se requiere una Sunat fuerte (lo que supone una reforma radical), y en el corto plazo, se necesitan medidas eficientes y de rápido resultado, sin grandes costos sociales. El siguiente paso es limpiar el sistema tributario de su desidia, ineficiencia, largos plazos, y de cientos de litigios que no sólo son injustos, sino que cuentan con precedentes en contra del Estado.
Una sana y eficaz política tributaria debe cumplir con atacar la evasión y el contrabando, dar reglas claras que atraigan a los grandes capitales, aumentar la recaudación de manera justa y equilibrada, y no querer matar a las gallinas que nos dan huevos de oro en un absurdo acto de codicia o desesperación (depende de cómo lo quiera ver usted). El mensaje es simple, no matemos a las gallinas que tenemos, traigamos más. Así aumentaremos la recaudación.
Lo que en el pasado se hizo con la gran empresa, hoy se está empezando a hacer con la mediana, y es lo que usted como contribuyente debe tener claro. Si no detenemos este abuso sistemático, esto no se va a quedar en casos contra la gran o mediana empresa, nos afectará a todos de una u otra manera.